Cuando el canciller de Nicaragua, Samuel Santos, dijo que la entrega de cédulas de identidad a los nicaragüenses en el exterior es un asunto secundario, porque hoy lo más importante es resolver la pobreza, me pregunté quién ha pagado la comida de miles de nicaragüenses pobres en los últimos años.

Se ha calculado que al menos un millón de nicaragüenses, cerca del 20 por ciento de la población, son receptores de remesas de dinero desde el exterior y, con esto, ellos y sus familiares más cercanos se han garantizado alimentos básicos o salud.

Las remesas familiares inciden poco en el desarrollo, pero ayudan mucho a paliar la pobreza, a evitar que familias necesitadas caigan en la pobreza extrema.

En general los receptores de remesas usan el 70 por ciento de ese dinero para alimentarse y costear gastos de salud; y cuando parte de esa remesa es destinada a la educación, deja de ser un gasto y se convierte en inversión que después de algunos años, al conseguir los hijos una carrera técnica o profesional, les sirve para salir del círculo de pobreza.

Hay zonas de Nicaragua donde la población depende del dinero enviado por familiares en el exterior y allí el Estado se ha olvidado por años de su función social, porque si en el centro de salud no hay medicinas el paciente las compra con fondos de su remesa.

Aquella frase, atribuida a organismos financieros internacionales, de que “no hay almuerzo gratis” porque alguien tiene que pagarlo, es relevante entre las familias nicaragüenses empobrecidas. Si no hay empleo y el Estado no puede darles de comer gratis, pues alguien tiene que emigrar para pagar la cuenta.

Los miércoles, cientos de campesinos llegan a El Sauce, un poblado del occidente, a cobrar las remesas que les mandan los parientes que trabajan en Costa Rica. El comercio se aviva ese día y el dólar se convierte en la moneda de mayor circulación.

Escenas similares se repiten en distintos puntos del país y conozco casos de jubilados con pensiones de 80 dólares o menos, por mes, que complementan sus gastos básicos con remesas.

Si la prioridad del Gobierno es resolver la pobreza, como dice Santos, es elemental que el gobierno sandinista reconozca el aporte de los nicas en el exterior en ese sentido y trate de involucrarlos más, no sólo como remisores de dinero sino como inversionistas, en pequeñas empresas o en obras comunales.

Antes, sin embargo, tendrá que reconocer que son ciudadanos de Nicaragua, con todos los derechos, que se fueron, sea por conflictos políticos o por pobreza, pero contribuyen a la economía del país con mil millones de dólares anuales.

¿Qué impide extenderles una cédula de identidad que costaría 25 dólares y que ellos mismos pagarían? El problema es que los gobernantes sandinistas ven a esos nicaragüenses sólo a través de un cristal político, como potenciales votantes que tarde o temprano decidirán quién sube y quién baja del poder en Nicaragua, lo que también es su derecho.

Lo más importante, creo, es valorarlos como lo que han demostrado ser, fuerza económica y social, y devolverles sus derechos.