Elízabeth Romero
Mientras un grupo de vigilantes avalados por la Policía extreman medidas para cerrar los accesos a Residencial Praderas del Doral, al sureste del mercado de Mayoreo, alegando mayor seguridad, un predio baldío próximo a un centro de enseñanza religioso es utilizado por varias mujeres dedicadas a la venta de caricias, denunciaron los vecinos.
A eso de las 11:00 a.m. del martes, una pareja practicaba el sexo al aire libre, mientras otras dos mujeres esperaban a la orilla de un edificio en construcción. A pocos metros un hombre hacía sus necesidades fisiológicas a la intemperie, en una parte del predio que sirve de basurero y como paso para acortar camino.
Los vecinos aseguran que eso es común en esa zona, pero la Policía pese a contar con un jefe de sector, desconoce esa situación, según corroboró LA PRENSA con el jefe del Distrito Seis, comisionado Fernando Borge.
Por otro lado, los vecinos critican la proximidad de Borge con el recién formado grupo de vigilantes creados por una asociación que sin contar aún con la personería de la Asamblea Nacional, les impone una serie de requerimientos a los colonos que resienten esa situación.
“Esto nos huele a CDS (Comités de Defensa Sandinista)”, dice Josefa Castro, una vecina que critica la situación avalada por la Policía.
“Aquellos habitantes que no poseen vehículo y que por una u otra razón ingresan en transporte selectivo o particular, tendrán que identificarse ante los guardas que se encuentren en los controles de acceso, facilitando su nombre completo y su número de casa”, señala una hoja con las disposiciones escritas de la recién formada empresa de vigilancia.
“Todos los visitantes (incluyendo familiares que no habitan en el residencial), al llegar al control de acceso deberán de manera obligatoria identificarse y tener que decir hacia dónde se dirigen. Si no facilitan datos exactos, no se les permitirá el ingreso al residencial”, agrega el escrito.
Castro y otros vecinos señalan que la colocación de una aguja y una cadena en dos puntos de acceso al lugar, es una situación no sólo incómoda, sino peligrosa pues a las 8:00 p.m. el acceso se limita a un solo punto, lo que según los vecinos los pone en riesgo en caso de una emergencia.
“Es una empresa con fines mercantiles la que intenta imponer un modo de vida a los pobladores del lugar”, sostiene Paulino Contreras, representante de uno de los dos grupos de vigilantes afectados.
No obstante, según Borge, la formación fue motivada tras la presencia de un grupo de personas que se presentó a esa delegación como un comité de desarrollo comunitario, a quienes instaron a formar un comité de prevención del delito para garantizar la seguridad de su comunidad.
Una de las recomendaciones que hizo la Policía fue que supieran a quién contrataban para realizar la labor de vigilancia de calle, que en consenso con los pobladores de la comunidad organizaran un cuerpo de vigilancia y que no estuviera disperso, dijo Borge.
Pleito entre vigilantes
La asociación formó una cooperativa de vigilancia, que está tras el empleo de las dos agrupaciones de vigilantes ya existentes, cuyos representantes aseguran que prestan servicios desde el inicio de la construcción del residencial.
En Praderas del Doral hay más de mil casas, con igual número de familias.
El cobro por mes por la vigilancia es de 160 córdobas, reconoce Guillermo Medrano, uno de los miembros de la cooperativa, quien también acepta que está formada por 22 miembros de la asociación de pobladores del lugar y cuya personería jurídica aún está en trámite
Medrano aduce que crearon la cooperativa ante reclamos de una mayor seguridad de parte de los residentes y debido a que, según dijo, uno de los grupos de vigilantes no estaba legalizado y uno de los socios tiene una acusación, la cual no detalló, pero indicó que “le pedimos que aclarara la situación y en ningún momento lo ha hecho”.
Aunque Borge niega que está respaldando a la asociación de vigilantes, hay señalamientos de vecinos que aseguran que lo han visto departiendo con éstos.
