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Noticias >> Regionales
Indígenas temen que los despojen de tierras
Sergio León C.
CORRESPONSAL / BLUEFIELDS
departamentos@laprensa.com.ni

El presidente de la organización indígena sumu Kalpapakna Wahaini Lani (Sukawala), que aglutina a 66 comunidades sumus o mayangna de la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), Taymond Robins Lino, expresó su temor de que el presidente Daniel Ortega les anule, mediante decreto presidencial, el título de Demarcación Territorial que el anterior presidente Enrique Bolaños entregó, el año 2006, a indígenas de Musawas, Bonanza.

“Tenemos el temor de que el presidente Daniel Ortega mande a anular el título de Demarcación Territorial, otorgado a la comunidad Mayangna Sauni As, bajo el argumento de que este título es ilegal”, denunció Robins, después de participar en una reunión de los miembros de la Comisión Nacional de Demarcación Territorial (Conadeti).

Según el dirigente indígena, durante esta reunión, otros líderes de Yatama y del Frente Sandinista decidieron, contra protestas de los sumus o mayangna, aprobar la anulación del título entregado en Musawas por Bolaños y pedirle al mandatario Daniel Ortega anular por decreto la orden de entrega de tierras.

Robins añadió que si el presidente Daniel Ortega anula el título otorgado el año pasado por Bolaños, lo denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), “por violaciones a nuestros derechos humanos”.

Rivera, quien es presidente nacional de Yatama, dijo en un comunicado firmado con otros dirigentes políticos, que “estamos en desacuerdo con cualquier tipo de actividades que atenten contra la estabilidad lograda por los miembros de la Conadeti y la amplia voluntad política del actual Gobierno Central, para la culminación de la Demarcación y Titulación de las tierras comunitarias”.

Una fuente sandinista dijo a LA PRENSA, bajo anonimato, que el título otorgado por Bolaños durante el 2006 en la comunidad de Musawas, Bonanza, despoja a los comunitarios de sus tierras, ya que contempla que “tanto el Estado como la comunidad pueden hacer uso de ellas”.

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