La actitud de los sindicalistas del Poder Judicial frente al escándalo de corrupción que envuelve a varios trabajadores, incluso tres sindicalistas del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Managua, provocaron que el magistrado Manuel Martínez se descargara en contra de ellos, llamándoles “apañadores” y “cómplices” del mal comportamiento.
Martínez, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dijo que si los sindicalistas protegen a los implicados que han infringido la ley, se estarían convirtiendo en apañadores, coautores o cómplices del mal comportamiento.
“(...) Si conforme a las reglas éticas el trabajador no merece el respaldo, yo no creo que se lo deban de dar”, añadió el magistrado.
Octavio Matamoros, secretario general del Registro de Managua, dijo que lo que están demandando es que faciliten los medios de pruebas, que se respete el procedimiento de las investigaciones y que “jamás” apañarán a los implicados.
Al menos ocho funcionarios del Registro Público de Managua son indagados por la Policía Nacional por supuestos actos de corrupción, los que han propiciado y alimentado la inseguridad jurídica en temas de propiedad en el país.
Tres sindicalistas son parte de los indagados por las autoridades policiales.
Carlos Tinoco, quien dedica enteramente su tiempo al sindicalismo y no desempeña ninguna otra función en la Corte, coincidió en que se debe respetar el procedimiento.
TAMBIÉN EN MATAGALPA
Una comisión tripartita investiga las “faltas muy graves” supuestamente cometidas por cinco empleados del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Matagalpa, quienes están suspendidos de sus cargos mientras dure la etapa investigativa.
Informes de los guardas de seguridad en el Complejo Judicial de Matagalpa (CJM) y de la registradora Josefina Toruño Parajón, revelan supuestas irregularidades por las cuales la última solicitó el despido de los cinco empleados, quienes fueron suspendidos de sus funciones desde el 26 de abril pasado.
La semana pasada fue constituida la comisión tripartita, que ahora investiga el caso.
Juan Carlos Rocha Martínez, Germán Antonio Velásquez Herrera, Yesika Bello Gutiérrez, Perla Marina Pérez Díaz y Martha del Socorro Balladares Montenegro, son los trabajadores del Registro que enfrentan el proceso administrativo. En la comisión tripartita, todos son representados por los sindicalistas Doris Carrión Rodríguez y Carlos Cortedano.
El asesor de los empleados, Álvaro Ruiz Cerros, calificó como “subjetivos” los informes de los guardas de seguridad y consideró que el procedimiento administrativo ha sido “anómalo” porque la ley no establece ninguna sanción previa.
La secretaria de Organización del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de Matagalpa (Sintrapojmat), Doris Carrión, descartó que los empleados del Registro estuvieran involucrados en actos de corrupción.
