El Parlamento aprobó hoy en su totalidad el proyecto de ley que regula el derecho de acceso a la información pública, en el cual se estableció que la declaración de probidad de los funcionarios públicos es de carácter "privado".

El texto de 53 artículos quedó aprobado con el voto a favor de 69 de los 92 diputados que integran la Asamblea Nacional, en su mayoría de los grupos parlamentarios sandinistas y liberales.

Los disidentes liberales se abstuvieron de votar, mientras que los tres disidentes sandinistas votaron en contra.

El acceso ciudadano a las declaraciones sobre los bienes de los funcionarios públicos quedó a discreción de la Contraloría General de la República (ente fiscalizador) y el permiso de ellos, según la nueva ley.

Sandinistas y liberales, que sumaron 67 de los 69 votos, alegaron que la ley de probidad de los funcionarios públicos ya establece que las declaraciones patrimoniales son públicas, siempre y cuando el funcionario autorice al ente fiscalizador darle ese estatus.

El opositor Movimiento Renovador Sandinista (MRS) propuso en una moción que el patrimonio de los servidores de Estado fuera, por obligación, del conocimiento de los ciudadanos, sin embargo, no contó con votos suficientes.

"INFORMACIONES RESERVADAS"

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, un organismo civil sin fines de lucro, que promovió la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, expresó su preocupación por el carácter privado que se dio a la declaración de probidad de funcionarios públicos.

En el resto del articulado de ese cuerpo de leyes, todos los diputados votaron a favor, incluido uno que obliga a la rendición de cuentas de parte de las empresas privadas que reciben concesiones, subvenciones y exoneraciones del Estado.

También, otro artículo que ofrece "especial protección y apoyo" a los periodistas que, de "forma responsable", realicen su labor y se comprometan a respetar la "honra y el buen nombre de la persona".

"Quien ejerza labores periodísticas no está obligado a revelar su fuente de información ni el origen de sus noticias, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra por sus informaciones", agrega ese artículo de la ley, leído por la diputada sandinista Jenny Martínez.

La Ley establece además que los medios de comunicación podrán acceder a todos los datos e informaciones sobre la actuación y gestión pública, excepto aquellas que son "informaciones reservadas", como compra y venta de armamento militar y lo que ponga en peligro la soberanía nacional.