La posición del Grupo Promotor El denominado Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Información Pública, externó ayer su preocupación principalmente por dos aspectos. “El primero tiene que ver con la declaración de probidad de parte de los funcionarios públicos, y el otro con los medios de comunicación, donde los diputados insisten en ir más allá de la elaboración de un principio con características de ética profesional, al pretender crear un articulado que de alguna medida incursione en querer normar el ejercicio periodístico”, explicó Orestes Papi, representante de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Sobre el aspecto referido a la declaración de probidad, el directivo del Grupo Promotor recordó que los diputados pretendían que la declaración de patrimonio económico quedase como una información reservada. “Hay un avance en esta nueva propuesta y ellos ahora dicen que para mantener el acceso a la declaración de bienes e incrementos patrimoniales de los servidores públicos, se atenderá a lo dispuesto y al procedimiento establecido en la Ley de Probidad de los Servidores Públicos”, indicó Papi. Recalcó que la propuesta del Grupo Promotor en torno al tema de la probidad ha sido mantener la obligatoriedad de los funcionarios públicos de suministrar una versión pública de su patrimonio global.

Principio de acceso “Toda persona, sin discriminación alguna, tiene derecho a solicitar y recibir datos, registros y todo tipo de información pública en forma completa, adecuada y oportuna de parte de las entidades sometidas al imperio de la presente ley, salvo las excepciones previstas como información reservada”, dice el numeral uno del artículo tres de la ley.

Las riquezas que acumulan los funcionarios públicos serán de carácter “privado”, de acuerdo al artículo cuatro, literal m, de la Ley de Acceso a la Información Pública, que los diputados aprobaron ayer en lo particular hasta el artículo 14.

Una mayoría de 69 diputados votaron a favor de que la situación económica de las personas, incluyendo a los funcionarios públicos, sea de carácter privado, a pesar de que el denominado Grupo Promotor y la bancada del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) propusieron que el patrimonio de los servidores de Estado fuera, por obligación, del conocimiento de los ciudadanos.

Para el MRS, al dejarse como privada la situación económica de los funcionarios, no se combate la corrupción.

“Todos sabemos que es una preocupación de la ciudadanía el combate a la corrupción y el abuso que los funcionarios públicos pueden cometer con bienes del Estado y es un principio fundamental que la declaración de probidad sea de libre acceso de los medios de comunicación”, dijo la diputada Mónica Baltodano, del MRS.

“¿Por qué vamos a tener miedo los funcionarios públicos de declarar los bienes que se tienen al principio y al final de los mandatos? (...) El que considere que esa información no debe salir a la palestra pública, que no se postule como funcionario”, agregó Baltodano.

La moción del MRS señalaba: “Se exceptúa de esta disposición (información privada) la declaración de probidad o declaración de bienes e incrementos patrimoniales a que están obligados los funcionarios y empleados públicos que sean electos o nombrados de conformidad con la Constitución Política y las leyes respectivas”.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA

Pero los legisladores del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), consideraron que los bienes de los funcionarios de Estado ya están sujetos a la Ley de Probidad.

“La declaración de probidad es una información pública, de carácter público y tiene toda la regulación, como lo maneja la Contraloría (...) entonces no cabe la moción, porque viene a decir lo que ya la legislación dice y por eso más adelante hay una moción que dice que todo lo que tiene que ver con las declaraciones de probidad se rige por la ley de la materia”, sostuvo Edwin Castro, coordinador de la bancada del FSLN.

Sin embargo, el también jefe de bancada del MRS, Víctor Hugo Tinoco, recordó que Nicaragua es un país cuyas instituciones responden a intereses partidarios y no precisamente legales.

“Los mecanismos que se establecen, la facultad que se da la Contraloría para decidir cuándo hace pública o no una declaración (de probidad), es lo que en la práctica hace no pública la declaración”, comentó Tinoco.

ENFILAN CAÑONES CONTRA BALTODANO

Por otro lado, el jefe de bancada del PLC, Maximino Rodríguez, y su correligionario Freddy Tórrez, cuestionaron las calidades morales de Baltodano, al exigirle que informara respecto a cómo llegó al gobierno en 1979 y cómo lo dejó en 1990.

“Quienes han participado en apropiarse de los bienes del Estado, son los que vienen a rasgarse las vestiduras”, dijo Tórrez.

Hoy está previsto que se termine de aprobar la Ley de Acceso a la Información Pública.