Para que el mundo entero y los inversionistas decentes se entusiasmen con Nicaragua y los nicaragüenses debemos asegurar dos cosas fundamentales: que impere el orden y la justicia.

Orden significa cumplimiento a las leyes, empezando con los gobernantes de turno quienes se han caracterizado por creer estar por encima de la ley. El orden comienza por la obediencia a las leyes. Si la ley se cumple y/o se hace cumplir, habrá entonces respeto a la institucionalidad, tendremos gobernabilidad y confianza para que haya inversión y empleos productivos. También, el secretismo y el ocultismo que caracteriza al nuevo gobierno inspiran desconfianza y corrupción.

El otro tema es el de la justicia que imparte el Poder Judicial. La justicia debiera ser imparcial para inspirar confianza. En Nicaragua la justicia está plagada de corrupción. Es de todos conocido que en Nicaragua la justicia está partidizada y es fácil comprarla con cuotas de poder o con dinero. Los pobres están en la cárcel y los poderosos andan con el país por cárcel o andan libres. Los grandes narcotraficantes salen libres y los pequeños expendedores están en prisión.

Los sucesos más recientes de alteraciones en el registro de propiedad señalan co-responsabilidad en la Corte Suprema de Justicia. Las tomas de tierra en las costas del pacífico, y los sobornos y extorsiones a inversionistas, promovidos por dirigentes del partido en el poder con el involucramiento de alcaldesas y sus cónyuges, ex diputados, magistrados y contralores de la República, son parte de una cadena de corrupción que tiene raíces en el más alto nivel del nuevo Gobierno. La justicia está al servicio del proyecto político totalitario del nuevo gobierno.

La consecuencia de un sistema de justicia corrupto es la inseguridad para los inversionistas que quieren operar en el marco legal (excepto quienes florecen en la corrupción). Mientras no exista un Poder Judicial que actúe conforme derecho, continuará la violación sistemática a las leyes, con la consecuente ingobernabilidad, desinversión, desempleo y mayores niveles de pobreza.

El desorden promueve la injusticia y la injusticia acrecienta el desorden. Grave causante de nuestro atraso y miseria es el comportamiento deshonesto, caótico, populista, falto de un sistema de exigibilidad (de contrapesos) que responsabilice a los gobernantes y a la clase política por sus actos. Esta condición nosotros mismos la hemos propiciado con nuestra incompetencia al no saber elegir bien a nuestros gobernantes. Simplemente, estamos cosechando lo que hemos sembrado.