La falta de transparencia del Gobierno actual es la principal causa de todo tipo de especulaciones entre la ciudadanía nicaragüense. El caso de las 48 plantas generadoras de energía enviadas por Venezuela basta como ejemplo. El Ministro de Energía y Minas, Emilio Rappaccioli no sabe qué decir a los medios de información cuando le preguntan al respecto. Podría ser que dichas plantas hayan sido cedidas en arriendo, en venta o como un préstamo temporal. Pero nadie lo sabe. Para el presidente Ortega esto no tiene ninguna trascendencia porque para él, “lo importante es que haya luz”. Otros ministros —como el de Hacienda o Educación— dan la espalda a los periodistas que les buscan para entrevistarlos cuando de casualidad los sorprenden saliendo de alguna reunión y se alejan levantando la mano contra las cámaras con gestos indefinidos en sus rostros. La coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, no comunica nada y más bien limita en lo posible las intervenciones de su esposo. Su angustia y nerviosismo se hacen evidentes cuando Ortega —en sus pocas comparecencias públicas— se sale del libreto y comienza a hablar “de la abundancia de su corazón”. El alcalde de Managua, que en otro tiempo se mostraba presto y dispuesto a hacer declaraciones, aprendió muy pronto a remitir las preguntas de los periodistas a “lo que dijo el comandante Ortega”.

La falta de transparencia como política se manifiesta asimismo en la discrecionalidad con que la administración Ortega pretende manejar la ayuda petrolera procedente de Venezuela. Ortega insiste en que sea su partido el que maneje los más de 300 millones de dólares anuales que se calcula dejará la venta de petróleo, es decir, 1,500 millones de dólares en los cinco años de su gobierno. El plan de Ortega es que esta sea la “caja chica” de su partido, algo que crearía las condiciones ideales para seguir fomentando la corrupción de jueces, alcaldes, registradores, policías, etc. Peor aún, estos millones podrían utilizarse para revertir la independencia que ha logrado el Ejército y convertirlo otra vez en la guardia pretoriana de los años ochenta, al mejor estilo somocista.

Es, precisamente, la excesiva concentración de poder político y económico en un gobernante lo que genera la subclase de dóciles y serviles que históricamente han sostenido las dictaduras de izquierda y de derecha en Latinoamérica. El ejemplo venezolano es ilustrativo. El coronel Hugo Chávez utiliza los gigantescos recursos económicos que percibe su país por concepto de la exportación de petróleo para ir creando las condiciones que le permitan gobernar como un dictador más. Actualmente tiene facultades de Ejecutivo y Legislativo, pues la Asamblea Nacional compuesta por incondicionales, le ha otorgado poderes especiales para tal fin. Además, busca reformas constitucionales para reelegirse indefinidamente; cancela licencias de operación a medios de comunicación que critican su gestión; amenaza con confiscaciones a la empresa privada; se enriquece él mismo y su familia con fondos del Estado; anuncia la creación de un socialismo al que llama “del siglo XXI”, una verdadera burla a la filosofía política, etc.

Nicaragua no necesita nada del modelo chavista. Los nicaragüenses pueden permitir que la democracia “se les vaya de la mano”, como advertía Lourdes de Ariemma, una profesional venezolana que se opone al chavismo. El Gobierno de Venezuela no puede condicionar su ayuda a que sea manejada por Daniel Ortega ni a que se implemente aquí un modelo económico fracasado e históricamente superado. En este sentido, monseñor Ubaldo Santana, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, tenía razón cuando dijo a LA PRENSA en febrero pasado, que si bien la solidaridad entre los pueblos es un principio cristiano, “deben quedar claros cuáles son los fines de la ayuda ofrecida por el presidente Hugo Chávez a Nicaragua”.

Si la intención de Daniel Ortega es verdaderamente contribuir a la superación de la pobreza y el subdesarrollo que prevalece en Nicaragua, su Gobierno no se opondrá a que la millonaria ayuda venezolana pase por los controles necesarios y sea canalizada a través del Presupuesto General de la República para garantizar su uso correcto. Pero si lo que quiere es manipular el hambre y la necesidad del pueblo, entonces va a insistir en la discrecionalidad del uso de los fondos.