Analistas políticos de distintas tendencias coinciden en que el presidente George W. Bush ha ido cambiando negativamente su punto de vista con respecto a los 12 millones de inmigrantes ilegales que se estima viven en Estados Unidos. Durante su campaña electoral del 2000, sus declaraciones sobre el tema eran esperanzadoras porque reflejaban flexibilidad y un verdadero interés por resolver la situación de las miles de familias inmigrantes interesadas en legalizar su situación. La deportación masiva estaba fuera de consideración. Sin embargo, la política del presidente Bush y de los congresistas republicanos que le apoyan se ha ido endureciendo con el tiempo. La construcción de un muro a lo largo de la frontera de Estados Unidos con México es representativa de ese endurecimiento. A pesar de las protestas dentro y fuera del país —en su momento, el Vaticano, a través del cardenal Renato Martino, dijo que el plan para construir el muro fronterizo era inhumano— el Senado aprobó la ley, 80 votos a favor y 19 en contra, para construir un muro de 700 millas a lo largo de la frontera a un costo aproximado de 1,200 millones de dólares.

El año pasado, durante la celebración del 1 de mayo, cientos de miles de inmigrantes marcharon a lo largo y ancho de Estados Unidos para presionar al Congreso a que aprobara una ley de amnistía general para todos los inmigrantes ilegales que tenían más de un año de residir en el país, pero no ocurrió. Este año, las marchas del 1 de mayo fueron mucho menos asistidas, posiblemente porque prevalece un clima de miedo entre los inmigrantes ilegales que temen ser capturados y deportados por las autoridades de inmigración auxiliadas por la Policía. De hecho, en el 2006, el Congreso propuso una iniciativa de ley por medio de la cual se consideraría una felonía (delito mayor) permanecer ilegalmente en Estados Unidos. Desde entonces se han visto innumerables casos de capturas violentas de miles de ilegales en las calles, en sus centros de trabajo y en sus hogares. Sólo el año pasado se estima que unos 222,000 ilegales fueron capturados y deportados. En muchos casos, hay padres que tienen que buscar con quién dejar a sus hijos nacidos en Estados Unidos que por ius soli (derecho de suelo) adquieren ciudadanía estadounidense. Miles de familias viven en zozobra de sólo pensar que podrían tener que separarse de sus niños, algo que también es cruel e inhumano.

Este endurecimiento de la política migratoria ha generado protestas en varios Estados de la Unión. La última de ellas —el 1 de mayo pasado, en Los Ángeles, California— causó un choque violento de policías con inmigrantes que marchaban protestando contra las agresivas medidas antiinmigrantes. El resultado fue al menos ocho policías y quince civiles heridos, incluyendo periodistas, una de las cuales ya entabló una demanda contra la ciudad de Los Ángeles. Los agentes policiales dispararon un total de 240 proyectiles no letales contra los manifestantes, quienes se defendieron lanzando piedras y botellas. Este incidente ha vuelto a poner en discusión el hecho de si la Policía debe o no intervenir en eventos relacionados con los inmigrantes. Muchos oficiales de Policía han expresado juicios en contra de que se les obligue a participar auxiliando a agentes de migración en la captura de ilegales, porque les hace perder la confianza de las comunidades.

Como si esto fuera poco, ahora resulta que, según medios de comunicación de Estados Unidos, la Casa Blanca y varios congresistas republicanos preparan un proyecto de ley para limitar sensiblemente el ingreso de los familiares de inmigrantes que han adoptado la ciudadanía norteamericana. Esto significa que los ciudadanos naturalizados ya no podrían patrocinar el ingreso de sus hermanos e hijos menores de 21 años —como hasta el momento— ni tampoco tendrían la facultad de llevar a sus padres. La medida contribuiría aún más a la separación de innumerables familias de inmigrantes, algo que se considera como una violación de los valores familiares que los mismos republicanos profesan.

El presidente Bush debe honrar su palabra y cumplir lo que prometió a los inmigrantes ilegales en su campaña electoral del 2000. EE.UU. no podrá deportar a 12 millones de personas. Sería más sensato facilitarles su legalización.