Desmovilizados del antiguo Ejército Sandinista y de la ex Resistencia Nicaragüense, que habitan en los terrenos del extinto ingenio azucarero Victoria de Julio, solicitaron ayer el respaldo de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, para que gestione con el Gobierno central la titulación de esas propiedades.

Los desmovilizados denunciaron anomalías cometidas por la actual intendente de la Propiedad, Mireya Molina, quien supuestamente está otorgando nuevas constancias de títulos sobre las que otros gobiernos entregaron.

Intentamos localizar a Molina, pero no atendió el teléfono de su oficina y en su casa de habitación nos informaron al cierre de nuestra edición que no se encontraba.

Enrique Quiñónez, presidente de la comisión legislativa, advirtió al Gobierno central y a la Comisión de Verificación, Justicia, Reconciliación y Paz que coordina el cardenal Miguel Obando, que de no resolverse esa situación podría desatarse en esa zona un brote de violencia.

“Los desmovilizados demandan una mayor atención a los problemas de titulación que tienen en El Timal. Ya hay amenazas de muerte, ya hay una situación que se nos puede salir de las manos a todos”, alertó Quiñónez.

Quiñónez dijo que en el encuentro participaron los diputados Salvador Talavera y Élida Galeano, conocida como la “comandante Cachorra”, para que gestionen con Obando una solución inmediata a los miles de desmovilizados.

“Que quede claro que aunque yo no le he dado voto de confianza al Gobierno, sí le doy voto de confianza a la comisión que encabeza el cardenal (Obando), y casualmente en este tema de El Timal pedimos que sea llevado por Salvador Talavera y Élida Galeano, y nosotros estamos en disposición de respaldar al cardenal en las recomendaciones que dé”, afirmó Quiñónez.

Dijo que esa solicitud de los desmovilizados demostrará si el Gobierno del presidente Daniel Ortega tiene voluntad de resolver los problemas de los ex militares “o está jugando”. “Ojalá que no quiera manosear al cardenal Miguel Obando y Bravo”.

El diputado Salvador Talavera lamentó que “el Gobierno esté alterando documentaciones oficiales para mandar a anular los títulos que ya fueron emitidos por la Intendencia de la Propiedad”.

“En lugar de ayudar a solucionar la problemática de la propiedad en manos de los ex combatientes de guerra, lo que está haciendo es empeorándola”, señaló Talavera.

Según Talavera, el Gobierno del presidente Ortega mandó “a pelear” a la intendente de la Propiedad con los desmovilizados “para mantener entretenida a la gente, en vez de darles el título de propiedad”. Talavera estima que unos cinco mil personas habitan en los terrenos del ingenio Victoria de Julio.