Contralor defiende negocio de Petronic El presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República (CGR), Luis Ángel Montenegro, expresó que Petronic es una institución autónoma, con capital propio y puede hacer todo tipo de operaciones dentro del giro de su negocio, como comprar petróleo a Venezuela. “Puede obtener sus propias utilidades y puede pagarle perfectamente al Gobierno venezolano o a quien ellos dispongan”, declaró el contralor, quien además puntualizó que esa empresa está sujeta a la fiscalización de la Contraloría. “Es decir, este fiscalizador del Estado puede practicar auditorías en todas las actividades que realice Petronic”, agregó. Para el contralor, la empresa petrolera no tiene que solicitar un permiso a la Asamblea Nacional para realizar un acuerdo con Venezuela. Montenegro aseguró que Petronic “no tiene por qué pedir permiso (a la Asamblea Nacional, como pretenden los diputados) porque su giro natural es comprar y vender gasolina y diesel y los derivados. Forma parte del giro de su negocio (...) La Ley Orgánica de Petronic le permite comprar y vender petróleo, pero tiene que hacerlo dentro del marco de la ley y está sujeto a la fiscalización de la CGR”, expuso el contralor. Las opiniones de los magistrados en el seno de la Contraloría en cuanto a la adquisición de varias plantas energéticas procedentes de Venezuela están divididas. Mientras el vicepresidente de la CGR, Lino Hernández, manifestó la semana pasada que las explicaciones del ministro de energía, Emilio Rappaccioli no son suficientes; el contralor Montenegro consideró que el Gobierno no ha violado ninguna ley al realizar esta operación. La interpretación de Montenegro a favor del Gobierno se sustenta en que ésta no es una operación de arriendo ni de crédito. “En este momento no genera una operación de crédito, por tanto el Estado de Nicaragua no tiene deudas con el Estado venezolano y no se han utilizado las otras figuras jurídicas, de tal forma que no hay ninguna violación a la Ley de Contrataciones del Estado”, argumentó el presidente del Consejo Superior de la CGR. Mirna Velásquez Sevilla

El ministro de Energía y Minas, Emilio Rapaccioli, y el presidente de la empresa Petróleos de Nicaragua (Petronic), Francisco López, deberán explicar ante la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, los detalles del convenio petrolero entre Nicaragua y Venezuela, y que manejará Petronic, según aprobaron ayer por unanimidad los 17 diputados de esa comisión.

El presidente de la comisión, el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Francisco Aguirre Sacasa, aseguró que “a más tardar el próximo jueves” esperan que Rappaccioli y López se presenten a “esclarecer” los acuerdos.

Según Aguirre Sacasa, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Guevara, “podría” ser parte de los funcionarios “invitados” formalmente a través de la primera secretaría de la Asamblea Nacional, a cargo de su correligionario Wilfredo Navarro, quien también pertenece a esa comisión.

Sin embargo, el asesor presidencial en temas económicos, Bayardo Arce Castaño, no se inmutó con la noticia.

“Yo creo que eso (la petición de aclaraciones de la comisión) es un derecho de la Asamblea y de los diputados”, aseguró Arce, quien en el período anterior fue diputado de la bancada del Frente Sandinista, que en principio se oponía a la resolución firmada ayer por la comisión parlamentaria.

Aguirre Sacasa indicó que a él le gustaría saber “exactamente cómo pretende incorporar el Gobierno esos cientos de millones de dólares (del convenio petrolero con Venezuela, estimados en 300 millones de dólares) en los gastos públicos de Nicaragua, tanto para gastos de capital como corrientes”.

Los diputados del PLC y de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) sostienen que la Ley de Administración Financiera y de Régimen Presupuestario y la Ley General de Deuda Pública establecen que los endeudamientos de las empresas del Estado y las sociedades comerciales con participación accionaria mayoritaria del Estado (como Petronic) deben pasar por la Asamblea para su aprobación y presupuesto.

ARCE: DEUDA NO ES PÚBLICA

Sin embargo, Arce rechazó el argumento de los legisladores.

“Yo creo que ahí (en los argumentos legales) ellos (los diputados de las fracciones liberales) están equivocados... Eso (el convenio) no pasa por aquí (la Asamblea)”.

Cuando a Arce se le preguntó si el convenio de Petronic trascendía en deuda pública para el Estado, éste respondió: “No necesariamente” y luego titubeó que “depende de cómo esté conformado”.

El convenio de Petronic con la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), firmado en el marco de los acuerdos de la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba) a la cual se adhirió Nicaragua en el primer día de mandato del presidente Daniel Ortega, establece que Nicaragua dispone del suministro de hasta 27 mil barriles de petróleo al día por parte de PDVSA.

Esta cuota contaría con un financiamiento del cincuenta por ciento para pagar en un plazo de 25 años con una tasa de interés del dos por ciento, lo que implicaría según diputados, economistas y expertos consultados, en una deuda al Estado de al menos 300 millones de dólares al año.

Pero según Arce, PDVSA asumirá el 25 por ciento de ese financiamiento del cincuenta por ciento, según él, porque éste sería el “mecanismo que Venezuela está pensando emplear para viabilizar su cooperación a través del Bandes (Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela). “Realmente estamos hablando de una deuda relativa de la empresa ya sea Petronic o una empresa mixta del 25 por ciento, que no va a trascender al Estado”, insistió.

ECONOMISTAS SOSTIENEN QUE DEUDA ES PÚBLICA

El economista Néstor Avendaño sostuvo que el acuerdo petrolero del Alba debe presupuestarse porque es deuda pública y porque el Gobierno debe garantizar transparencia en sus políticas para generar confianza y atraer la inversión.

“En mi opinión, por lo menos el componente petrolero del Alba deber ser deuda publica y no privada. Es decir que debería presupuestarse, incluso yo diría que si es una empresa estatal Petronic, si sigue siendo eso, la Contraloría General de la República tiene toda la potestad de intervenir en esa empresa para ver cómo se hace uso de los recursos que maneja”, argumentó el economista.

El analista político Luis Alberto Guzmán indicó que antes de determinar el manejo de los recursos, hay que “definir los actores: si son públicos o privados”, pero agregó que si Petronic se involucra con fondos públicos, “entonces eso tiene que ir a la Asamblea”.

Guzmán también advirtió que de mantenerse las fricciones entre el Poder Ejecutivo y Legislativo por los procedimientos con el convenio de Petronic con PDVSA, el riesgo país se podría incrementar, incidiendo en la capacidad del país para atraer la inversión.