Vicenta Castillo tiene 74 años, sufre de artritis y otras dolencias propias de su edad. Su caso provocó la reacción del magistrado Sergio Cuarezma, quien desde el estrado la instó a exigir ante las autoridades de la penitenciaría a revisar su situación.
“Según la ley penitenciaria, usted no tiene porqué estar aquí, usted puede pedir en este momento a la directora del centro o le puede pedir a la Procuradora Auxiliar de Derechos Humanos, que conforme a la ley, usted tiene derecho a la convivencia familiar de forma excepcional. Ese es un derecho”, le expresó Cuarezma.
De esta manera, el caso de Castillo ha abierto la posibilidad de que otras internas valetudinarias hagan uso de este beneficio.
“Y si usted tiene los 74 años, según la ley usted debe estar fuera de esos muros el día de hoy”, sostuvo Cuarezma, afirmación que fue recibida con aplausos y hasta con lágrimas por algunas de las internas.
Cuarezma destacó que no avala el delito de narcotráfico, pero dijo “estoy reconociendo la perversidad del sistema, estoy reconociendo la desigualdad del sistema”. Y agregó “hay personas que gozan de la convivencia familiar porque tienen buenos abogados y tienen buena plata para pagar buenos abogados y para aplicar la buena ley”.
Castillo está detenida junto a una hija suya, Silvia Calero, sentenciada a cinco años de presidio por tenencia de dos gramos de marihuana. El 18 de mayo cumplirá 39 meses de estar detenida. Supuestamente la señora no ha salido libre porque no tiene cédula de identidad para confirmar su edad.
Ella es una de las más de 100 internas vinculadas con cantidades pequeñas de drogas, que urgió a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a revisar su caso.
Esta es la primera vez que las autoridades de la CSJ junto a las del Sistema Penitenciario impulsan un encuentro como éste, preocupadas por las condiciones de las privadas de libertad.
Las enfermas crónicas, y con enfermedades terminales no deberían estar en el penal, según la misma ley.
A las declaraciones de Cuarezma se sumaron las del presidente de esa Sala, Armengol Cuadra y del director del Sistema Penitenciario Nacional, prefecto Carlos Sobalvarro, quienes asumieron el compromiso de revisar los casos que requieren la aplicación de este régimen, sin la mediación de abogados.