CARACAS. - El canal privado Radio Caracas Televisión (RCTV) solicitó hoy al Tribunal Supremo de Justicia “amparo constitucional y una medida cautelar” contra la decisión del gobierno que descartó la posibilidad de renovar la concesión de transmisión a la televisora.

“Venimos en representación de nuestros trabajadores. Creemos que tenemos la razón”, dijo el presidente ejecutivo de RCTV, Eladio Lares, luego de introducir una solicitud de amparo constitucional y una medida cautelar ante el máximo tribunal del país.

El abogado del canal, Oswaldo Quintana, declaró a la prensa que la medida del Ejecutivo de no reanudar la concesión a RCTV responde una “retaliación política”,.

“Se tomó una medida de revancha política contra RCTV. Después se buscó justificarla con un supuesto plan nacional de telecomunicaciones”, añadió Quintana.

GOBIERNO NO CAMBIA DE PARECER

El presidente Hugo Chávez reiteró ayer que no renovará la concesión a RCTV, canal al que ha acusado de conspirar contra su gobierno y respaldar el fallido golpe del 2002.

Quintana afirmó que “las armas” de RCTV están en la constitución y en el nuevo amparo que presentaron. “Debe haber reservas morales y éticas que le den la razón a Radio Caracas Televisión porque está clarísimo cómo se han violentado los procedimientos y cómo se pretende justificar legalmente lo injustificable”, acotó.

La organización internacional Amnistía Internacional expresó hoy su preocupación por la acción contra RCTV, que implicará el cierre del canal, y señaló en un comunicado que la libertad de expresión está en “peligro” en Venezuela.

La organización aseguró que la medida contra la televisora representa “el último en una serie de medidas que han venido mermando crecientemente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela”.

PROTECCIÓN JUDICIAL

La directiva de la televisora introdujo el pasado 9 de febrero una petición de protección judicial ante el Tribunal Supremo para garantizar el respeto al “derecho a la libertad de expresión de todos los venezolanos, de RCTV y de sus periodistas”.

Asimismo presentaron el mes pasado ante la Corte una solicitud de nulidad contra la decisión del Ministerio de Telecomunicaciones que determinó que la concesión del canal vence el 27 de mayo.

Marcel Granier, directivo del canal, ha dicho que la medida gubernamental representa “un atropello” a la libertad de expresión porque implicará el cierre del canal donde laboran unas 3.000 personas.

Una reciente encuesta de la firma privada Datanalisis reveló que 70 por ciento de los venezolanos siente “abierto rechazo” a la acción de Chávez contra RCTV.