El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos del parlamento, el liberal José Pallais, defendió ayer la creación del principio de “prueba del daño” en el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, que permite a los funcionarios públicos, bajo justificación, calificar a última hora algunos datos como “reservados”.

De acuerdo a Pallais, el principio de “prueba del daño” obliga a los funcionarios a explicar porqué ciertas informaciones deben ser consideradas “reservadas” y les sustrae la discrecionalidad de calificarlas así de manera antojadiza.

“Estamos fortaleciendo la ley (...) tengan fe en que saldrá una mejor ley”, agregó el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) originario de León.

Pallais comentó que para declarar reservada una información, bajo el principio de “prueba del daño”, los funcionarios deben demostrar que esos datos están incluidos dentro de las excepciones de ley, o que la liberalización de tal información puede amenazar el interés público.

Un tercer elemento para calificar como reservada una información es que el funcionario demuestre que liberar algunos datos puede producir al país un daño mayor al del interés del público por conocer la información.