Diputados de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y Partido Liberal Constitucionalista (PLC) anunciaron ayer, por separado, que promoverán una citatoria al Legislativo a los representantes de Petronic y una investigación para conocer los verdaderos alcances de los acuerdos entre Nicaragua y Venezuela, que en materia petrolera podrían alcanzar los trescientos millones de dólares anuales.
La presión para forzar al Gobierno a enviar al parlamento y presupuestar el Alba, como dictan las leyes, podría provocar un “boicot” a las iniciativas del Ejecutivo en la Asamblea.
El Gobierno y la bancada sandinista están en contra de enviar a la Asamblea Nacional y presupuestar los acuerdos entre Nicaragua y Venezuela, al decir que Petronic —la empresa estatal que administrará los recursos del crudo— tiene personería jurídica y patrimonio propios, por lo cual las deudas que asuma no deben considerarse como del Estado.
Pero la ALN, el PLC y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), además de varios economistas consultados ayer, aseguran que leyes como la de Deuda Pública y de Administración Financiera obligan que el convenio de cooperación sí debe ser ratificado nuevamente en el parlamento, y los trescientos millones de dólares al año que se estima serán generados deben ser presupuestados si se utilizarán en obras públicas.
En la reunión que la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto debe efectuar hoy, los diputados pedirán una cita para Francisco López, presidente de Petronic y el hombre que lleva las finanzas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
“Hay que hacerlo lo más pronto posible, porque si dejamos correr el tiempo, se entroniza la vocación de anarquía, de irrespeto a la ley que está patrocinando el Gobierno de Ortega”, sostuvo Wilfredo Navarro, diputado por el PLC y primer secretario de la directiva legislativa.
La Ley de Administración Financiera y de Régimen Presupuestario y la Ley General de Deuda Pública, obligan al Gobierno a enviar los acuerdos con Venezuela al parlamento y presupuestar los fondos que se generen en la transacción.
Pero el FSLN hace una lectura totalmente opuesta.
INVESTIGACIÓN
“Nosotros, como bancada, vamos a pedir una investigación formal para definir claramente los compromisos que tenga el Estado de Nicaragua (...) hay que ver lo que va a producir este negocio, cuáles van a ser estas utilidades y dónde se van a invertir después en el Estado de Nicaragua, porque aquí hay problemas de educación y de salud”, dijo por su parte la jefa de bancada de la ALN, María Eugenia Sequeira.
Navarro precisó que sería la Contraloría General de la República, Fiscalía General de la República y la Comisión de Probidad y Transparencia del parlamento, los entes que podrían desarrollar la investigación.
“No podemos permitir que el Gobierno de Ortega cometa esta barbaridad de tener, como un rey, un presupuesto paralelo al Presupuesto de la República”, comentó Navarro.
El diputado agregó que los trescientos millones de dólares que fluirán a partir del acuerdo petrolero, le permitirán al Gobierno de Ortega hacer uso de un “presupuesto paralelo” equivalente al 25 por ciento del que ya aprobó el Parlamento.
“Vamos a llamar a Petronic y a todos, hay que investigar”, señaló Sequeira.
NÚÑEZ MESURADO
Por su parte, el presidente del parlamento, el sandinista René Núñez, tuvo reacciones mesuradas respecto al espinoso caso que cada día deja más solo al Gobierno.
“Yo creo que todas las cosas deben hacerse claras, si hay que llamarlo (a Francisco López) que lo llamen (...) hay mecanismos para hacerlo”, manifestó Núñez.
ANUNCIAN BOICOT A LEYES DE ORTEGA
Además, el PLC no descartó paralizar en el parlamento las iniciativas de ley que envíe el Gobierno, mientras siga en contra de presupuestar los fondos del Alba.
“El Partido Liberal podría tomar medidas extremas, hasta parar proyectos de ley del Gobierno y hasta paralizar la Asamblea, hasta que se logre que el Gobierno cumpla con la ley, porque no podemos seguir permitiendo los abusos de Ortega, de sus funcionarios y de sus amigos internacionales, como (Hugo) Chávez”, indicó Navarro.
Navarro es primer secretario de la directiva legislativa y quien recibe los proyectos de ley y les da su debido trámite.
“Si hay que llegar a una actitud firme en la Asamblea Nacional, no aprobando leyes del Ejecutivo o paralizando la Asamblea Nacional, pues habrá que hacerlo, porque esta batalla es determinante para garantizar la institucionalidad del país, no podemos seguir permitiendo a Ortega y a su Gobierno más abusos y violaciones a la ley”, añadió Navarro.
ECONOMISTAS TAMBIÉN COINCIDEN
Economistas y ex funcionarios gubernamentales confirmaron que el convenio petrolero entre Nicaragua y Venezuela, que será manejado por la empresa Petróleos de Nicaragua (Petronic), deberá remitirse a la Asamblea Nacional para su aprobación y presupuesto de sus recursos, según establecen la Ley de Administración Financiera y de Régimen Presupuestario y la Ley General de Deuda Pública.
Según el acuerdo, Nicaragua dispone del suministro de hasta 27 mil barriles de petróleo al día de parte de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) con un financiamiento del cincuenta por ciento a pagarse en un plazo de 25 años, con una tasa de interés del dos por ciento, lo que implicaría al Estado de Nicaragua una deuda de al menos 300 millones de dólares al año, aunque el Gobierno asegura que se trata de una trato comercial entre las empresas petroleras de ambos países.
El economista y ex viceministro de Hacienda y Crédito Público, René Vallecillo, aseguró que “Petronic es una empresa pública, constituida como una sociedad anónima, que tiene patrimonio propio y puede adquirir responsabilidades” y por esto el acuerdo no tendría que pasar por la Asamblea, como dice el Gobierno.
Sin embargo, indicó que el acuerdo sí debería de pasar al Parlamento debido a que el artículo tres de la Ley de Administración Financiera y de Régimen Presupuestario (Ley 550) establece que los endeudamientos de las empresas del Estado y las sociedades comerciales con participación accionaria mayoritaria del Estado (como Petronic) deben pasar por la Asamblea Nacional.
CONDICIÓN FMI
El economista Sergio Santamaría también sostuvo que “todo endeudamiento debe pasar por la Asamblea” e indicó que las leyes mencionadas se crearon como parte de las condiciones del último programa económico de Nicaragua con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con la intención de que el país sostuviera un endeudamiento razonable, porque “no tiene sentido que se condonen deudas, para que el país se siga endeudando”, dijo el economista.
El ex ministro de Hacienda y ex presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Mario Arana, confirmó que esas leyes se crearon “para fortalecer el manejo fiscal del Estado”.
ACUERDO “NO ESTÁ CLARO”
Arana indicó que no está claro cuál será el tratamiento del acuerdo entre Petronic y PDVSA, pero opinó que “lo que se vaya a hacer, hay que aclararlo y que sea transparente a la sociedad, especificando las responsabilidades y consecuencias del acuerdo”.
“Si es deuda (para el Estado) tiene que pasar por la Asamblea y si no habría flexibilidad”, dijo Arana, tras señalar que “sería correcto transparentar el uso de esos recursos (generados por el acuerdo concesional entre ambas empresas) y decidir qué hacer con las ganancias en el presupuesto”, pues “no sería correcto manejar un presupuesto paralelo”.
El economista José Luis Medal igual afirmó que “efectivamente”, las leyes mencionadas establecen la aprobación del acuerdo por la Asamblea Nacional, porque “Petronic es una empresa estatal y la deuda que asume es pública”.
