El bajo costo de la mano de obra en Manufactura y el fácil acceso al mercado estadounidense mediante el acuerdo comercial que Centroamérica y República Dominicana firmaron con Estados Unidos (DR-Cafta), se ha convertido en los principales atractivos para los inversionistas, concluyó un diagnóstico que efectuó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado de México.

Esa situación ha puesto en alerta al país azteca, cuyo costo promedio de la mano de obra por hora es de 2.6 dólares, mientras que en la región centroamericana es de 0.72 dólares.

Ante ese panorama el economista Néstor Avendaño planteó ayer que hay que establecer “mayores” remuneraciones en el sector laboral local.

A juicio del experto el Gobierno debe priorizar la educación superior y técnica, “para elevar la productividad (a nivel local) y así los trabajadores puedan devengar salarios dignos”, argumentó.

Avendaño refirió que Costa Rica es uno de los países que ha priorizado la educación.

“En ese país las zonas francas están emigrando porque allá la mano de obra es cara ya que ha habido un alto nivel de educación entre la población costarricense”, apuntó el economista.

Agregó que, “el Gobierno debe reconocer que la inversión está viniendo porque los niveles de educación son bajos y por ende las remuneraciones son bajas, lo que tiene que hacer el Ejecutivo es contrarrestar esto con un plan educativo”.

Avendaño advirtió, por otro lado, que el Estado en general debe garantizar la aplicación de las leyes que protegen al medio ambiente.

“Hay que aplicar las leyes tanto para proteger a la fuerza laboral como los recursos naturales”, insistió.

En ese sentido Luis Barbosa, uno de los líderes del pro gubernamental Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), indicó que actualmente se está trabajando en la creación de una comisión que esté integrada por miembros del sector empresarial, sindicalista y del Gobierno para fiscalizar el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores en las empresas.

Barbosa justificó que la iniciativa se promueve porque en el territorio no existen leyes que sancionen a las empresas que violentan los derechos de los trabajadores, sino más bien, leyes que protegen a las compañías.

LA PRENSA intentó conocer al respecto la posición del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) pero no se logró localizar a sus representantes.

En el 2006 el Gobierno estimó que 85 mil personas laboraban en el sector de zonas francas, industria que es mal vista por su incumplimiento en los derechos laborales de acuerdo a expertos en la materia.

En ese mismo año el ingreso per cápita nica fue de 906.3 dólares, con un Producto Interno Bruto (PIB) de 5,357.5 millones de dólares y una población conformada por más de cinco millones de habitantes, según cifras oficiales.