Como una “irregularidad”, calificó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Martínez, el acuerdo entre la Asociación de Jueces y la Policía Nacional, que permitirá a algunos jueces portar las armas de fuego decomisadas a la delincuencia.
El acuerdo fue defendido por la vicepresidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic), Silvia Chica Larios, quien dijo que es por seguridad de los jueces. Y recordó que este es parte de los puntos abordados “cuando nos sentamos con los altos mandos de la Policía Nacional, por aquel cuento que quiso meter un diario escrito del país”.
La judicial hace alusión a la publicación de LA PRENSA del pasado 25 de febrero, en la que un alto jefe policial refirió que ciertos funcionarios judiciales echaban a perder el trabajo policial.
Chica Larios refirió que “se dejó abierto que el judicial que quiera portar armas, lo va a poder hacer sin ningún problema, incluso a sabiendas de que somos conocedores de la ley y tenemos que manejar la ley de armas en este caso”.
Chica Larios aclaró “que no son armas de guerra para comenzar, sí, estamos hablando posiblemente de revólver o de pistolitas más pequeñas, que de repente le pueden ser más cómodas a las mujeres”.
El presidente del Poder Judicial, sin embargo, les recordó que son representantes del Poder Judicial. “Eso de andar armas es peligroso y andar armas ajenas es más y andar armas ilegales es peor y en manos de un juez requetepeor. De manera que veo como disparate, que la Policía siendo tan seria, ande haciendo acuerdos de esa naturaleza con jueces y los jueces también”, dijo Martínez.
Martínez reconoció que los judiciales en su calidad de ciudadanos tienen derecho a portar armas, “pero andar con armas decomisadas, andar haciendo uso de la condición de juez y andar la Policía prestándose a eso, yo creo que es una irregularidad”.
Chica Larios dijo que la decisión la adoptaron como asociación autónoma que son.
“No sabía yo que se pagan ellos mismos, ¿quién les pagará?, ¿bajo la orden de quién están? Yo creo que estamos a la orden de la Constitución, de la Ley de Carrera Judicial y de la ley orgánica del Poder Judicial. Si están fuera de eso, pues ya es otro poder del Estado”, increpó Martínez.
“Lo menos que puedo hacer es pedirle informe a la directora de la Policía, de ¿qué es lo que está pasando? Ya me contestará. Y yo le haré las reflexiones de ley, a la señora comisionada”, dijo Martínez.
