Más de 28 metros cúbicos de madera que eran transportados desde Boca de Sábalos, la zona de amortiguamiento de la Reserva Biológica Indio Maíz, hacia Masaya de manera ilegal en dos rastras y que habían sido decomisadas por la Policía Nacional, fueron regresados a su dueña Teresa Centeno por el Ministerio Público y el Instituto Nacional Forestal porque supuestamente está legal.

El lote de madera de 13 trozas había sido decomisado por la Policía en el empalme La Azucena, en San Carlos, el pasado dos de abril cuando los agentes policiales descubrieron que los permisos de traslado con que las trozas fueron sacadas de Boca de Sábalos eran falsificados y sólo autorizaban mover la madera dentro del municipio El Castillo y no fuera del departamento.

En el operativo fueron detenidas cinco personas y pese a que ahora el Ministerio Público y el Inafor dicen que la madera es legal, aún se sigue un proceso judicial en contra de cuatro personas, entre ellos tres regentes forestales que además recibieron sanciones administrativas por parte del Inafor.

Los procesados son: Martín Néstor García Montano; Jaime Gutiérrez y Silvio Ortega. El primero fue suspendido definitivamente como regente forestal y los otros dos recibieron la sanción de suspensión de su licencia de regente por seis meses.

El cuarto acusado es Silvio Antonio García López. Todos deberán responder en un juicio oral y público por las acusaciones de transporte y comercialización ilegal de madera, según explicó el fiscal ambiental de Río San Juan, Sergio Pérez.

No obstante el proceso judicial, según dijo el fiscal Pérez, la madera está legal porque la dueña cuenta con un permiso de aprovechamiento forestal autorizado por el Inafor.