Los diputados de la Asamblea Nacional lograron avanzar hasta el artículo 126 en la aprobación de artículo por artículo de la nueva Ley General de Aguas, pero la discusión se detuvo ayer en los referidos al nombramiento de las autoridades que administrarán las nuevas empresas que surgirían con la nueva ley.
Los legisladores todavía no logran consenso en que si estos funcionarios deberían ser nombrados por el Poder Ejecutivo o por los diputados de la Asamblea Nacional.
El diputado sandinista José Antonio Martínez, indicó que ese punto será discutido en la próxima sesión y que en alguna medida ya hay acuerdos.
En los artículos aprobados se dejó establecido que el agua es un patrimonio de la nación que deberá ser administrado por el Estado. También se aprobaron las obligaciones generales que deben cumplir los ciudadanos para el uso adecuado de este recurso natural.
Además de las obligaciones y normativas que se deberán observar en la restauración de las fuentes de agua que han sido dañadas y a la vez se señalan las obligaciones que deben tomarse en cuenta con las aguas servidas para evitar la contaminación de los ríos, aguas subterráneas y lagos.
La presidenta de la Empresa Nicaragüense de acueductos y Alcantarillados (Enacal), Ruth Selma Herrera, calificó como un logro importante el avance de los diputados en la discusión de la nueva ley, que además obligará a las petroleras a impermeabilizar sus depósitos de combustible, para que al momento de algún derrame, éste no se filtre hasta las agua subterráneas.
El diputado de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Javier Vallejo, indicó que además la nueva ley incluye varios artículos sobre prohibiciones y sanciones que se aplicarán a todas las personas que intercepten o desvíen un recurso hídrico.
EMPRESAS CON POZOS NO PAGAN AL ESTADO
El diputado Martínez también señaló que está pendiente discutir los artículos referidos a las regulaciones para las empresas que tienen pozos y que usan grandes cantidades de agua sin pagar nada al Estado.
Se calcula que en el país hay más de 600 pozos de donde se extraen decenas de millones de galones de agua, sin que el Estado reciba algún beneficio.
