En vallas y muros iguales a los que se exhibe un candidato político en campaña, o las curvas de una modelo que promueve lencería, se verán desde hoy, las caras y los nombres de todos los que han violado a niños en Bogotá, según una disposición aprobada ayer por las autoridades de la capital colombiana.
Hoy mismo entrará también en vigencia una nueva ley sobre la infancia.
Las autoridades bogotanas instalarán 40 vallas de 10 metros cuadrados y 20 muros, uno por localidad (distrito), para exhibir los nombres y las fotografías de los que han abusado de niños y que ya fueron condenados por la Justicia.
Además, se repartirán volantes cada 90 días con las caras de los violadores. Una vez por semana, podrán ser vistos por televisión y una vez en el año, las páginas y pantallas de todos los medios de comunicación se inundarán con los rostros de quienes han cometido delitos sexuales.
Con esta medida, seguramente, nadie olvidará el rostro de Luis Alfredo Garavito, el asesino confeso de más cien asesinatos y violaciones contra niños.
La concejal Gilma Jiménez, una de las promotoras de la medida, aseguró que es un castigo social para aquellos que han cometido delitos contra los menores.
En Bogotá, según un estudio de la Unidad de Delitos de la Fiscalía, cerca de cinco niños son abusados diariamente. En esta ciudad de ocho millones, cerca del 40 por ciento, es decir unos tres millones, son menores de 18 años.
“Hay que detener la alta incidencia de abusos contra los niños”, afirmó Jiménez y agregó que el 80 por ciento de esos abusos son cometidos por alguien cercano al niño, el papá, otro pariente o algún conocido de la familia.
Y en “el 70 por ciento de los episodios de abuso ocurren dentro de las casas”, detalló la concejal que hace parte del movimiento “Por la Bogotá que queremos”.
La polémica por este muro de la infamia, como le llaman todos, no se ha hecho esperar.
Sociólogos, sicólogos y funcionarios de instituciones como la Veeduría (instancia de vigilancia pública) se han manifestado en contra de la medida por considerar que atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de los victimarios.
