El gremio magisterial amenazó este martes con recrudecer las protestas, iniciadas con una huelga hace tres semanas, en demanda de mejores condiciones laborales, en caso de que la posible amnistía que pudiera decretar el Congreso sea vetada por el presidente Óscar Berger.
Miles de maestros se concentraron este martes en la plaza central para recorrer pocos metros y llegar al Congreso, ambos en el centro de la capital, donde la dirigencia tiene previsto reunirse con los jefes de los distintos bloques políticos para analizar los avances de la polémica amnistía. El máximo líder de la Asamblea Nacional del magisterio, Joviel Acevedo, ratificó la decisión del gremio de intensificar las medidas de hecho si el gobernante veta la ley después de que el Congreso apruebe el decreto.
La amnistía fue propuesta por cuatro partidos de oposición en el Parlamento, con el argumento de que será una solución urgente para paliar la crisis que viene desde hace meses, pero se intensificó el pasado 23 de abril cuando iniciaron un paro de labores indefinido.
La iniciativa de la amnistía busca evitar sanciones administrativas o despidos en contra de los huelguistas que se encuentran en huelga ante la negativa del Ejecutivo de mejorar las condiciones de los establecimientos, alimentación para los alumnos y un incremento salarial.
No obstante, el presidente Berger este martes cambió el tono desafiante y abrió una brecha al estimar que dejará en suspenso todas la medidas administrativas si los docentes vuelven a sus labores y se comprometen a recuperar el tiempo perdido.
“Queremos escuchar de ellos cómo lo podemos resolver. (Pero) si se perdió un tiempo que se le tenía que dar a los alumnos y se repone ese tiempo, sábados o en horas extras, no tendríamos ningún problema en congelar los procedimientos. Si cumplen ese compromiso estaría resuelto el problema”, afirmó. Berger calificó el lunes de “absurda” y letra muerta la moción que impulsa la amnistía, pues al llegar a sus manos la vetaría inmediatamente.
La Ministra de Educación, Carmen Aceña, dijo este martes que no comparte la nueva apreciación del mandatario, aunque la respeta, pues seguirá con los trámites para despedir a unos 30 docentes.
“El único que puede suspender ese tipo de medidas es él, porque él es el presidente de la Oficina Nacional de Servicio Civil y yo como ministra tengo que seguir los procesos administrativos y velar por la calidad educativa”, indicó.
La amnistía, que tiene como antecedente una similar aprobada en abril del 2003, también ha dividido a los principales candidatos a la Presidencia, pues algunos la apoyan y otros la califican de manipulación política, dada la proximidad de los comicios generales que se disputarán el 9 de septiembre.
