El gobierno del comandante Daniel Ortega enfrenta el compromiso de campaña de sacar a Nicaragua de la situación actual de desaceleración y estancación económica, producto de la implantación de políticas macroeconómicas neoliberales y la incapacidad de planificación estatal de la economía local por parte de administraciones pasadas que nos condenó a alta dependencia externa.

Con el actual escenario socioeconómico en nuestro país: Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (Cafta) y Acuerdos de Cooperación con Venezuela en la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba), la destreza gubernamental deberá enfocarse en obtener el máximo provecho económico al tratado y al acuerdo y transformarlo en beneficios directos para nuestra sociedad.

Ambos países ofrecen beneficios económicos a nuestra economía; el Cafta, una cuota de mercado para los productos nacionales; y el Alba, recursos financieros en condición de semidonación y colateralmente la imposición subjetiva del alineamiento político de nuestro país a uno de los dos bandos para fortalecer sus posiciones en Latinoamérica.

En el marco contextual del Cafta y el Alba, en Nicaragua convergen posiciones políticas enfrentadas entre los Estados Unidos y Venezuela, realidad ante la cual el Estado deberá trazar una estrategia integral como gestión de Gobierno, aprovechar las oportunidades económicas ofrecidas y evitar la inmersión en conflictos políticos internacionales en los que Nicaragua no tiene absolutamente nada que ver.

El Gobierno deberá mostrar capacidad de gestión de Estado para no involucrar activamente a nuestro país en un conflicto entre el Cafta y el Alba, deberá inclinarse por las posiciones y ofertas económicas necesarias para abonar al desarrollo de nuestra sociedad y no por los compromisos y frentes políticos que condenarían a nuestro país a la mutilación de oportunidades para nuestro desarrollo y crecimiento.

El gobierno del comandante Daniel Ortega no está en condiciones de desaprobar o rechazar lo ofrecido por el Cafta y el Alba. Este ofrece los recursos financieros frescos necesarios para fortalecer y desarrollar nuestros actuales sistemas de producción y el Cafta nos garantiza un mercado externo para la atracción de recursos propios y lograr la capitalización de nuestra economía local.

Independientemente de que el actual Gobierno se identifique plenamente con las posiciones políticas del Alba, el marco contextual socioeconómico de nuestro país lo obliga a considerar neutralmente su enfoque gubernamental y anteponer a la ideología del partido de Gobierno las oportunidades económicas de crecimiento ofrecidas por el Cafta.

La población, en general, desconoce cuál es la posición oficial del Estado ante los compromisos del Cafta y el Alba, la cual se maneja sigilosamente. Y menos aún conoce si existe una política de gobierno que alineará el rumbo económico del país. A estas alturas del mandato del comandante Ortega, los diversos sectores de la sociedad esperan la declaración oficial por parte del Gobierno, de las estrategias económicas definidas para nuestro país, las tendencias hacia donde nos conducen Cafta-Alba, o ambos. Tanto el acuerdo de cooperación como el tratado comercial son realidades que el Gobierno no puede obviar porque son compromisos adquiridos por el país.

La posición de silencio, adoptada por el Gobierno ante la realidad económica de nuestro país y el desconocimiento de las políticas de Estado, que definirá para tratar de dar solución a esta crisis, crea un clima de incertidumbre y desconocimiento, obligando a hacer la pregunta: económicamente, ¿hacia dónde vamos?