Un informe de la delegada administrativa del Registro de la Propiedad de Managua, Carmen Mora, revela que al menos dos de los empleados que están entre los señalados por incurrir en supuestas anomalías, son reincidentes.
El informe concluye que tres de ocho empleados entrevistados por señalamientos de supuesta corrupción, “faltaron a sus funciones y están involucrados directamente”. Éstos, según Mora, “han violentado las normas disciplinarias que dañan material y económicamente a la institución”.
Mora revela que estos empleados involucraron a terceras personas, con lo cual afectaron la prestación de servicios, por lo que cometieron faltas muy graves. Otros cinco de los entrevistados cometieron abuso de autoridad y negligencia.
El registrador Luis Alberto Bendaña Benítez confirmó en la edición de ayer, que han detectado una “cadena”, que estaría integrada por unos ocho empleados de diferentes áreas de esa institución, quienes habrían incurrido en actos ilícitos.
El pedido de mordidas, falsificación de la firma del mismo Registrador, inserción de documentos falsos o alteración de documentos y sustracción de folios, son parte de las anomalías señaladas.
Uno de los tres señalados es un Certificador de Datos Registrales, a quien la ex empleada Aura Calero Sieza, menciona que éste le habría ofrecido 200 dólares a cambio de que pegara un folio, después que fue separado de uno de los tomos. Otra de las mencionadas es una Amanuense, quien negó los señalamientos que le hacen de haber inscrito una escritura falsa.
CONFIRMA INVESTIGACIÓN
El Fiscal General de la República confirmó que la situación presentada en el Registro es parte del problema de la propiedad, pues a su criterio el Registro “es el espejo” de la misma.
Centeno confirmó que la Fiscalía investiga estos hechos y anunció que creará una unidad especializada, para abordar los temas relacionados con la propiedad.
Centeno dijo que el problema está vinculado a algunos notarios que “han prostituido la fe pública”, y recordó un caso ocurrido el año pasado en el cual al ex procurador Alberto Novoa y a él los hicieron comparecer en una escritura de 10 mil manzanas de tierra, en Ochomogo.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Martínez, confió por su parte que el Registrador Bendaña les ha pedido que “investiguemos a fondo y que tomemos las medidas correctivas convenientes o necesarias”.
Anunció que coordinarán con la Policía y la Fiscalía en las investigaciones. Y pidió a los ciudadanos que conozcan casos de sobornos en que hubiese incurrido algún empleado, que lo denuncien “y en base a eso, nos llevamos en el saco a todos los que puedan estar en esa actitud”.
Martínez advirtió que “si el sindicato me anda protegiendo a alguien que no debe protegerse, siento mucho, el sindicato está involucrado también”.
Una de las trabajadoras del Registro que pidió el anonimato, señaló que es difícil señalar los casos de soborno y tráfico de influencias, porque los mismos magistrados de la CSJ utilizan sus influencias al llamar directamente al Registrador en casos de propiedad de su interés. Martínez negó ser uno de ellos e insistió: “Pregunte quiénes son e indague, ¿para qué llaman?”
