La Intendente de la Propiedad, Mireya Molina, anunció que para los próximos días empezarán a instalar lo que denominó comisiones operativas en zonas de alto riesgo, donde dijo hay una disputa muy grande entorno a la tierra.
Entre las zonas de alto riesgo mencionó El Rama, Nueva Guinea y Río San Juan, donde los antiguos propietarios que perdieron la propiedad con el Banco Central la pelean con la base campesina de la Resistencia. Según Molina, esto obedece a los campesinos que fueron utilizados por algunos de sus dirigentes.
Para exigir se resuelva el problema de la tierra, de lo cual hubo compromisos con gobiernos pasados, las Asociaciones de Militares en Retiro (Amir), Comandos de la Resistencia (Acor) y Red de Incidencia Ciudadana (ARIC) anuncian una marcha para el próximo jueves hasta la Secretaria del Frente Sandinista de Liberación Nacional, para demandar al presidente Daniel Ortega.
Molina les recordó que esa Intendencia apenas lleva tres meses de haber asumido esa responsabilidad.
“Ellos tienen derecho a protestar, es la base campesina engañada”, fue la primera reacción de la funcionaria.
Molina indicó que hay más de 100 propiedades que compró el Estado de Nicaragua durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, al Banco Nicaragüense, antes de que éste quebrara, y las propiedades que compró eran para la base campesina. Pero según Molina, no fue la base campesina la beneficiada, fueron unos cuantos dirigentes los beneficiados.
En un pronunciamiento emitido por las agrupaciones en mención, los desmovilizados demandan la asignación de recursos humanos, financieros y logísticos de las instituciones vinculadas al tema de la propiedad.
Señalan los ex militares que deben enfrentar a los individuos que “amparados en títulos falsos y la alteración de documentos públicos pretenden adueñarse de propiedades por las que el Estado ha pagado grandes cantidades de dinero para beneficiarnos”.
Los desmovilizados instan al Gobierno a impulsar un programa de siembra de emergencia alimentaria, otorgando financiamiento para la siembra de granos básicos en las parcelas que poseen los ex combatientes, legalizadas o no, “a fin de tener que comer en el presente ciclo agrícola”.
