El fiscal general Mario Iguarán confirmó el sábado el hallazgo, en los últimos diez días, de decenas de fosas comunes en una zona del sur de Colombia, con 211 cadáveres de hombres y mujeres, en su mayoría desmembrados.
Indicó que su oficina seguirá “con este proceso. Se ha creado un clima de confianza... que nos permite al menos hoy (sábado), a título de conjetura estar predicando el posible hallazgo de más de 3,000 fosas”.
Las autoridades calculan que los asesinatos ocurrieron entre 1999 y 2001.
Iguarán dijo el sábado en rueda de prensa que entre las víctimas había algunos ecuatorianos, sin precisar el número de cuántos fueron encontrados.
Precisó que el descubrimiento se dio gracias a informaciones que suministraron los vecinos de la región, familiares de las víctimas y “los propios victimarios, anotando que los victimarios no son sólo las Autodefensas (los paramilitares de ultraderecha)”.
Explicó que entre los hallazgos también hay fosas que se cavaron “en los tiempos en que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) dominaban ilegalmente la región”, de La Hormiga, un municipio ubicado a unos 540 kilómetros al suroeste de Bogotá y muy cerca a la frontera con Ecuador.
La investigación, que comenzó en agosto del 2006, permitió descubrir el viernes 105 cadáveres en 65 fosas en seis distintos lugares del área rural de La Hormiga, dijo el Fiscal. Hace diez días fueron encontrados los restos de otros 106 cuerpos en la misma área.
Señaló que la identificación de las víctimas se realiza no sólo a través de “pruebas testimoniales. También nos sometemos a unas pruebas de carácter científico, el trabajo morfológico, antropológico, dental, médico y la prueba de ADN”.
Según la Fiscalía, se estima que por lo menos habría 10,000 cadáveres enterrados en fosas clandestinas de todo el país. Sin embargo, algunas organizaciones de víctimas del conflicto afirman que el número de desaparecidos superaría los 31,000.
En la zona operaron las FARC y posteriormente las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), actualmente desmovilizados luego de tres años de intensas negociaciones con el gobierno del presidente Álvaro Uribe.
La negociación permitió el desarme y reingreso a la vida civil de unos 31,000 combatientes ilegales.
Una ley especial de Justicia y Paz diseñada para los combatientes ilegales desmovilizados, les permite beneficiarse de penas máximas de ocho años de cárcel a cambio de confesar sus crímenes.
Iguarán manifestó que el organismo a su cargo realiza investigaciones en cinco grandes provincias colombianas, donde las AUC mantuvieron por más de 20 años el control territorial, mediante tácticas de asesinatos selectivos hasta crueles matanzas de inocentes campesinos que eran acusados de auxiliar a la guerrilla.
