Nicaragua es signataria de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, de la que se deriva la obligación para el país de contar con una ley antiterrorista, señaló Alejandro Díaz de León, asesor jurídico del Comité Interamericano Contra el Terrorismo, de la OEA.

“Por un lado están las obligaciones de legislar en cada uno de los países firmantes para tener previstos los delitos de terrorismo y las penas correspondientes y también establecer la jurisdicción para poder actuar no solamente cuando se cometa un delito dentro del territorio, sino también cuando se comete en otros territorios”, explicó Díaz.

El asesor indicó que la obligatoriedad derivada de la Convención, la cual fue suscrita en julio del 2002 por 21 de los 34 países de la región, entre ellos Nicaragua, también establece el deber de fortalecer los mecanismos de cooperación internacional como son la extradición y la asistencia jurídica mutua.

Díaz manifestó que los delitos de terrorismo, de acuerdo a la convención, no deben ser considerados delitos políticos, de manera que no se pueda oponer el otorgamiento de una extradición o una asistencia jurídica al decir que se trata de delitos políticos y que por esto no proceda.

De acuerdo a Díaz, las normativas legales referidas a la lucha contra el terrorismo no deben atentar contra los derechos fundamentales de las personas, porque esto está establecido en la Convención.

En este sentido dijo que la Convención es el primer instrumento que establece disposiciones expresas de protección a los derechos humanos, como un proceso legal y un juicio justo, el derecho a la libertad de expresión y derechos de propiedad, entre otros.

Siempre que se investigue algún acto terrorista, debe haber un equilibrio entre esto y el respeto de los derechos humanos de las personas implicadas.

“Nosotros estamos proponiendo que las leyes de los países sean congruentes con los tratados internacionales, de manera que la descripción y definición de los delitos sea tomada de éstos para que todos los países tengan una legislación uniforme”, indicó.

Comentó que el proyecto de ley en manos de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, “es un excelente proyecto, al que sólo se le están haciendo algunas sugerencias para afinar algunos aspectos”.

Por su parte Mauro Miedico, experto en prevención del terrorismo, de la ONU, señaló que si bien es un proyecto de ley completo, éste está sujeto a la decisión soberana del Poder Legislativo.

Los expertos participaron el el Taller de formulación de legislación nacional para la implementación de los instrumentos universales antiterrorismo que concluyó ayer en el parlamento.

Enrique Quiñónez, presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea, dijo que esta comisión no fue invitada oficialmente al taller, pero vio como un buen esfuerzo la iniciativa.