Antecedentes En 1984 esa área que hoy se conoce como El Timal, el Ministerio de Reforma Agraria la consideró zona de desarrollo agropecuario. En ese lugar se construyó el complejo Agroindustrial Azucarero Victoria de Julio. En 1990 se privatizó y pasó a llamarse Agroinsa. En 2001 fue declarado en quiebra. El Timal contaba con 42 propiedades en un área de 36,000 manzanas de tierra, entre las que habían fincas afectadas por la Reforma Agraria y área confiscadas a la Sucesión Somoza. El Estado indemnizó a sus dueños las fincas que no eran de los Somoza y otras fueron dadas en permuta. En 2002 empezaron los reclamos de desmovilizados y al ubicarlos provisionalmente en áreas de El Timal, iniciaron las tomas desorganizadas y el conflicto entre los colonos.

Mafias por tierra En relación a tráfico de tierras en el Pacífico, La Intendente de la Propiedad, Mireya Molina, dijo que cada semana conocen de dos a tres casos de propiedades ubicadas en las playas cuyos títulos son falsos. “Son mafias que han falsificado escrituras del Banco Central”, dijo.

Tras el último conflicto de propiedad ocurrido en terrenos de El Timal, donde murió una niña de 11 años, ayer se formó una “comisión operativa de la propiedad” en el sitio.

Según Mireya Molina, Intendente de la Propiedad, esta es una de las formas que se han encontrado para buscar solución a ese tema en el país.

Molina dijo que existe un anteproyecto de ley en la Asamblea Nacional que pretende impedir que los beneficiados con títulos otorgados por el Estado vendan las tierras.

Muchos propietarios las venden antes de 20 años de haberlas recibido.

Molina dijo que será dura con los grupos de traficantes de tierra, contra quienes, aseguró, posee pruebas.

Las declaraciones de Molina se efectuaron ayer tras asistir a una reunión donde se formó una comisión operativa de la propiedad en El Timal.

Según Molina, es una de las formas que la Intendencia de la Propiedad ha encontrado para buscar solución al tema en todo el país.

De acuerdo con Molina, ordenar ese sector llevará unos tres meses, para lo cual cuenta con un diagnóstico que le permitió identificar a grupos que andan traficando las tierras.

“Nada de violencia, todo bajo acuerdo”, dijo Molina, tras indicar que hay casos de personas que ya fueron beneficiadas en otras zonas según consta en la base de datos de la Intendencia.

“Todos los grupos están de acuerdo que el que tenga tierras por otro lado, no sea beneficiado”, dijo.

Por su parte, el jefe de la Delegación Ocho de la Policía, comisionado Manuel García, descartó que el último hecho sangriento ocurrido en tierras de El Timal tenga relación con el tema de la propiedad.

García refiere que sólo dos incidentes violentos ocurrieron por ese móvil el último caso sucedió en febrero del 2005.

Igual criterio tiene Juana Yelba Argüello, una de las dirigentes del Timal, quien manifestó que hasta el momento el crimen de la niña no tiene vinculación.

Argüello expresó que en ese lugar hay unos seis mil demandantes, pero considera que en ese sitio no alcanzarán todos, por lo que deberán buscar una alternativa.

El anteproyecto en poder de la Asamblea advierte que la persona que venda la tierra otorgada por el Estado le cancelarán el título y el asiento registral y se revertirá la propiedad a favor del Estado.

Molina confirmó que en el anteproyecto plantean que las tierras solamente podrán ser dadas en garantía ante instituciones financieras avaladas por el Gobierno.

A su vez, dijo, que mientras ordenan el problema de la tierra en el país proponen una moratoria, por un período no determinado, en cuanto a juicios y los llamados “amparitos” , la suspensión por año y medio de la tramitación de títulos supletorios y de prescripciones ordinarias y extraordinarias.

Esto dijo, será mientras se aprueba la Ley de Registro en la que se regula el título supletorio.