El fallido secuestro de un avión en el que dos soldados pretendían emigrar a Estados Unidos, con saldo de dos muertos, pone a Cuba en la disyuntiva de si reactivar la pena de muerte, pese al posible rechazo internacional como el de 2003 por la ejecución de tres secuestradores de una lancha.
Tras desertar de su unidad militar y armados con AK-47, los dos conscriptos tomaron un autobús con varios rehenes e intentaron secuestrar la madrugada del jueves un Boeing 737 de la terminal 1 del aeropuerto de La Habana, lo que desató un tiroteo con la Policía.
En el hecho murió uno de los rehenes, el teniente coronel Víctor Acuña, quien intentó evitar el secuestro cuando ya los reclutas estaban en el avión y quien, a propuesta de Raúl Castro, ministro de Defensa, fue condecorado post mortem con la medalla al valor, y la tarde de este viernes sepultado con honores militares.
Como agravante del caso, los jóvenes habían dado muerte al centinela de la unidad militar de Managua, 25 km al este de La Habana, cuando desertaron con otro soldado, capturado tras la fuga y quien habría revelado el plan, según la versión oficial.
Los dos reclutas que intentaron secuestrar el avión son Yoan Torres, de 21 años, y Leandro Cerezo, de 19 años, en tanto que el tercero sería Alain Forbus, también de 19.
El caso surge en un momento sensible para la isla, bajo gobierno provisional de Raúl Castro.
Una visita del canciller español Miguel Ángel Moratinos en abril buscó tender un puente a cuatro años de que la Unión Europea impusiera sanciones a Cuba por la detención de 75 opositores y el fusilamiento el 11 de abril de 2003 de tres hombres que nueve días antes habían secuestrado una lancha con 50 pasajeros.
Con armas de fuego y cuchillos, los secuestradores exigieron a la tripulación enrumbar hacia Miami; pero fueron neutralizados por las fuerzas de seguridad y sometidos a “juicio sumarísimo”.
Castro justificó la ejecución como “una medida de excepción” que hubo que aplicar “sin vacilación alguna”, luego de que se registraran en un lapso de un mes el desvío de dos aviones a Estados Unidos, y se abortaran unos 30 planes de secuestrar naves aéreas y navales.
La decisión provocó una ola de rechazo internacional. El Premio Nobel de Literatura, el portugués José Saramago, y otros intelectuales y políticos de izquierda, hicieron público su descontento y tomaron distancia del gobierno de Castro.
El Código Penal cubano en su artículo 29 establece la pena capital de “carácter excepcional” que “no puede imponerse a los menores de 20 años de edad ni a las mujeres que cometieron el delito estando encinta o que lo estén al momento de dictarse la sentencia”.
Cuba responsabilizó a Washington el jueves del intento de secuestro.
