El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) manifestó su preocupación por un reciente llamado del presidente Daniel Ortega a la policía para que se abstenga de acatar órdenes judiciales de desalojo a personas que ocupan inmuebles ilegalmente.

El Cosep dijo hoy en un comunicado que el llamado del mandatario contradice el artículo 167 de la Constitución que establece "el ineludible cumplimiento de las resoluciones de los tribunales de justicia".

En 1990 al abandonar el poder luego del triunfo electoral de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1996), los sandinistas se apoderaron de numerosas propiedades y permitió que miles de personas se quedaran con bienes que no les pertenecían, y que siguen siendo reclamadas en los tribunales por sus propietarios originales.

Muchas de esas propiedades son reclamadas por ciudadanos estadounidenses. La ayuda de los Estados Unidos al país, calculada en 1.800 millones de dólares desde 1990, ha estado condicionada al avance en la devolución de esas propiedades o el pago de indemnizaciones por parte del gobierno de Managua.

FIRMES EN 10,5 % PARA SALARIO MÍNIMO

Los empresarios recordaron a Ortega que aún no se revierte la tendencia declinante de tasas de crecimiento de la actividad económica en su gobierno, que la demanda de la construcción de casas de habitación continúa "deprimida" y que se "han suspendido" las inversiones en la región oeste del país "razonando una caída en el clima de negocios".

Asimismo, el Cosep le informó al mandatario sobre su firme posición de incrementar el salario mínimo en un 10,5%, salvo en las áreas de la construcción y servicios de vigilancia para preservar la estabilidad económica.

Ortega autorizó al ministro de hacienda Alberto Guevara un aumento del salario mínimo superior al 10% para satisfacer una demanda de los sindicatos que piden 25%. El salario mínimo de los nicaragüenses es de unos 52 dólares.