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Noticias >> Política
(Enrique Quiñónez, diputado del PLC.)
Poderes se confabulan contra la libertad de prensa
Ludwin Loáisiga López
politica@laprensa.com.ni
El proyecto de Ley de Acceso

El proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública está en manos de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, cuyos miembros discuten nuevas mociones.

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha calificado varias de esa mociones como lesivas al espíritu original del proyecto.

Una de las mociones establecía que las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos serían consideradas como información privada.

El presidente de la Comisión de Justicia, José Pallais, aseguró semanas atrás que los diputados habían acordado que al final las declaraciones de probidad estarán sujetas a la Ley de Probidad actual.

La Ley de Acceso a la Información Pública está dictaminada y los diputados prometieron discutirla en sesión desde julio del año pasado, pero hasta ahora no ha ocurrido.

En la actualidad la Ley de Acceso a la Información Pública no tiene fecha para pasar a discusión y está junto a otro gran número de leyes en la llamada “tubería” legislativa.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo estarían conspirando en contra de la libertad de prensa en Nicaragua, al practicar “chantajes” con la pautación estatal y la política del secretismo por parte del Gobierno, y al no aprobarse una Ley de Acceso a la Información Pública en la Asamblea Nacional, según el criterio de diputados del PLC y de la ALN.

El diputado por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Eliseo Núñez Hernández, dijo ayer que el Poder Ejecutivo, bajo el mando del presidente sandinista Daniel Ortega y la primera dama Rosario Murillo, afecta la libertad de prensa al congelar la publicidad estatal y al ordenar a los ministros no brindar declaraciones a los medios de prensa.

Además, Núñez recordó que desde antes el partido sandinista junto al Partido Liberal Constitucionalista (PLC), atacaron la libertad de prensa al regular las exenciones a los medios de comunicación, a través de la denominada “Ley Arce”.

“El Gobierno (de Ortega) ha tratado por todos los medios (de lesionar la libertad de expresión), a través de este chantaje de los impuestos, al tratar de recortar la ley de exenciones y a través de un recorte a las pautas”, dijo Núñez Hernández, presidente de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos.

El actual Gobierno, que inició el pasado diez de enero, ordenó congelar la publicidad en los medios de comunicación como una medida de austeridad. Pero también se conoció que se “orientó” a los funcionarios evitar ofrecer declaraciones o entrevistas.

“Ahora vemos que están forzando a los mismos funcionarios del Gobierno a no informar, a esconderse de los periodistas que los buscan no para cosas personales, sino para ver temas del cargo que ostentan”, aseguró el diputado por el PLC, Enrique Quiñónez.

“La población tiene el derecho a saber lo que se está haciendo, principalmente cuando se están jugando caudales públicos y dinero que pagan los contribuyentes”, añadió Quiñónez.

Núñez Hernández no dudó en calificar las acciones del Gobierno como una lesión a la libertad de prensa.

“No lo ha hecho de frente, pero lo ha hecho de una forma tal que sí creo que han lesionado lo que es la libertad de expresión en Nicaragua”, resumió Núñez Hernández.

Hoy se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, luego de que la Organización de las Naciones Unidas así lo decidiera el 20 de diciembre de 1993.

En su informe de marzo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sostuvo que en Nicaragua se avizoran “incertidumbre y tiempos difíciles (...) para la libertad de prensa, con la nueva administración del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo”.

“Ojalá esta tendencia no se vaya generalizando y que el Gobierno entienda que la mejor ley es la que no existe en restringir, casualmente, la libertad de expresión”, manifestó Quiñónez.

PARLAMENTO CONSPIRA

Por otro lado, los diputados mantienen engavetada la Ley de Acceso a la Información Pública, que beneficiaría no sólo a los medios de comunicación, sino a los ciudadanos en general para conocer el trabajo de los funcionarios de Estado.

Quiñónez sostuvo que “hay intereses” en contra de la Ley de Acceso a la Información Pública.

“Hay sus intereses, principalmente ahora de quienes inicialmente estaban empecinados y ahora que son Gobierno no quieren que se dé acceso público a la información”, apuntó Quiñónez.

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