El juez suplente José Galeano Bravo rechazó ayer la acusación que por el delito de fraude interpuso la Procuraduría General de la República (PGR), en contra del ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duquestrada Sacasa y tres personas más.
El judicial rechazó la acusación en una audiencia que se realizó ayer en el Juzgado Octavo de Distrito Penal de Audiencia, con el argumento que carecía de suficientes elementos de pruebas.
En la misma causa la PGR también había acusado a Silvio Argüello Herdocia, ex director de la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (Enabas).
Otros acusados eran la ex Juez Primero Civil de Distrito, Yelba Aguilera Espinoza y Guillermo José Areas Cabrera, también ex funcionario de Enabas.
El caso se refiere a tres propiedades de esa empresa estatal que fueron dadas en pago a una entidad bancaria por un préstamo hasta por la suma de 2.3 millones de dólares que la entidad financiera le había concedido a Enabas a finales de la década de los noventa.
El dinero sería utilizado para el pago de una deuda que Enabas tenía con varios organismos y utilizar una parte de ese desembolso como capital de trabajo.
La procuradora auxiliar de lo penal, Amy García Curtis, indicó en su exposición que en vista de que la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos no pudo cancelar el crédito en el tiempo establecido por el banco, Silvio Argüello Herdocia se encargó de negociar con el ex ministro Duquestrada Sacaza, formas de pago en la que se consintió que se perjudicara el patrimonio del Estado a través de enajenación de tres propiedades de la empresa estatal.
Estos bienes fueron embargados por la entidad bancaria para demandar por la vía judicial el cobro del crédito concedido, resultando afectados unos bienes que Enabas tenía en el sector de la comunidad de Los Brasiles, otros poseía en las cercanías de la Shell Waspam, en Managua y uno más que se encuentra en Chinandega.
Según la procuradora, Duquestrada Sacasa y Argüello Herdocia habrían incurrido en un delito por haber convenido una modalidad de pago que no estaba acordada en el contrato de crédito.
Agregó que sobre la propiedad ubicada cerca de Shell Waspam, fue tramitado en el Juzgado Primero Civil de Distrito de Managua, que estaba a cargo en ese momento de la doctora Yelba Aguilera Espinoza, quien según la procuradora, actuó de manera irregular en el caso, por lo cual es acusada.
En la exposición de la procuradora García Curtis, el juez Galeano Bravo no encontró ningún indicio que le indicara la presencia del delito de fraude, por lo que rechazó la acusación y también obvió las medidas precautelares que la representante de la PGR había solicitado para las personas señaladas en este hecho.
