Los esfuerzos que a lo largo del siglo XIX se sostenían para lograr mejoras laborales y sociales, producto de una cada vez más acelerada industrialización, encontró eco fundamental con los sucesos iniciados en Chicago en 1886 donde se da con mayor fuerza la aspiración de los trabajadores por una jornada laboral de ocho horas, dejando atrás las doce y catorce horas reglamentadas. Se inició entonces un proceso de humanización del trabajo, se dan los primeros pasos para promover el libre sindicalismo que habría luego de recorrer los cimientos de América Latina; para 1891, la encíclica Rerun Novarun del papa León Xlll, reclama un trato justo al trabajador y defiende su derecho a la libre sindicalización, iniciando así la búsqueda de conquistas sociales de inspiración cristiana.
Nicaragua se enclava dentro de este proceso de transformaciones laborales y muy temprano en el siglo XX surgen los primeros movimientos obreros; ya para 1918 se funda en León la Federación Obrera Nicaragüense y sucesivamente arranca un movimiento pujante y ajustando a los tiempos de cambios y búsqueda de mayor bienestar social.
La promulgación del primer Código del Trabajo en 1945, uno de lo más avanzados de su época; la creación del Ministerio del Trabajo en 1952, siendo el doctor Ramiro Sacasa Guerrero, Ministro fundador y el inicio de la Seguridad Social mediante decreto legislativo del 22 de diciembre de 1955 forma la piedra angular, de donde se derivarían otras leyes, códigos, tratados, etc. estructurándose los derechos a la libertad sindical, de asociación, la convención colectiva, no discriminación en el trabajo, igualdad de géneros y de oportunidades, salud y seguridad ocupacional, todo esto en concordancia con los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por Nicaragua.
Un estudio reciente, a manera de diagnóstico que elaboró precisamente la OIT para ver el avance de la legislación del trabajo de los países de Centroamérica y República Dominicana, con motivo de la negociación del Tratado de Libre Comercio (DR-CAFTA) de estos países con EE.UU., revela que las legislaciones laborales en la región y específicamente en nuestro país son aceptables, bastante completas y lo que se necesita es mayor aplicación y cumplimiento; es por eso que una de las recomendaciones que se da en el llamado Libro blanco (White paper), es precisamente el promover la cultura del cumplimiento tanto de trabajadores, como de empleadores de lo conceptuado en nuestras leyes laborales, mediante una adecuada campaña de difusión de las mismas; en esto es importante recalcar que el movimiento sindical en lo mayormente posible debe ser facilitador, resplandeciendo también la responsabilidad social de las empresas manteniendo así, el equilibrio necesario para la paz social y la buena marcha económica de la nación.
En el contexto de mejorar aún más nuestra legislación relacionada al trabajo y otorgarle al Ministerio del Trabajo mayor beligerancia y poder coercitivo en la aplicación de la ley, el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional en el año 2003, el proyecto de Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y en el año 2006, también se envió el proyecto de Ley General de Inspección del Trabajo. El primer proyecto, después de tres años y medio de estar en la Asamblea, con esta nueva legislatura se obtiene su aprobación siendo un logro eminentemente positivo para los trabajadores; el segundo proyecto espera su aprobación.
Es menester destacar la Ley 476, Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa aprobada para darle estabilidad laboral y seguridad a los Servidores Públicos; fue decididamente apoyada por la administración anterior, durante el gobierno del presidente Bolaños, más de ocho mil empleados y funcionarios fueron acreditados en la carrera administrativa en concordancia con lo que manda dicha ley. Un primer paso extraordinario, debiendo continuarse este proceso de acreditación para que nadie sea excluido. Esta ley cobija desde los directores generales de área hasta el empleado de menor rango en el escalafón de la Administración Pública.
Hoy en día, sin embargo, de los centenares de empleados y funcionarios cesanteados en los últimos meses, muchos de ellos han reclamado estar protegidos por esta ley, por lo que habrá de retomar el camino del cumplimiento y rectificar estos errores para así dignificar como lo merece al trabajador público; lo mismo debe manifestar de la Ley de Carrera Docente, en lo que a su cumplimiento se refiere.
