Desde 1998 se comenzó a discutir en Nicaragua acerca de la necesidad de una Ley de Acceso a la Información Pública. Una corrupción desmedida imperaba en aquel momento en el país y eran evidentes y chocantes las tendencias caudillistas y neosomocistas del Presidente de turno (Arnoldo Alemán Lacayo). Pero el Gobierno era básicamente democrático y había condiciones propicias para aprobar una ley que garantizara el libre acceso a la información de interés público. Sin embargo, la iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública fue dictaminada hasta en 2006 y es hoy y aún no ha sido aprobada por la Asamblea Nacional.

Y lo peor es que la situación del país ha cambiado drásticamente. Ahora hay un gobierno que tiene una vocación autoritaria, que es alérgico a la transparencia y enemigo de la libertad de prensa. Ciertamente, ¿qué interés en la apertura informativa puede tener un gobierno que concentra en las manos de una sola persona toda la información gubernamental para negarla a los medios o filtrarla de manera “depurada”? ¿Qué libertad de información puede querer un gobierno que humilla al Alcalde de Managua porque se atreve a dar en público una opinión que no le agrada a la familia presidencial? ¿Qué transparencia se puede esperar de un gobierno que destituye a la ministra de Cultura porque da una entrevista a LA PRENSA?

No cabe ninguna duda de que este gobierno no desea que la gente y los medios de comunicación tengan libre acceso a la información de interés público. Y como no puede impedir que se apruebe en la Asamblea Nacional la Ley de Acceso a la Información Pública , entonces el gobierno la desvirtúa aprovechando el sometimiento del principal partido “opositor”, el PLC, por la situación de rehén político del caudillo liberal Arnoldo Alemán.

En realidad, a juzgar por las enmiendas que le están haciendo los diputados al proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, ésta más bien servirá para restringir el conocimiento de la ciudadanía sobre los asuntos del gobierno y de los gobernantes. O sea que la medicina podría ser peor que la enfermedad que se trataba de remediar.

A nivel internacional se reconoce que todo ciudadano tiene derecho a conocer las informaciones que maneja cualquier órgano del Gobierno y del Estado; y que este derecho, llamado de acceso a la información pública, es un mecanismo indispensable para el funcionamiento apropiado y el crecimiento vigoroso del sistema democrático. Incluso, desde 2003 se celebra el 28 de septiembre de cada año el Día Mundial del Derecho a Saber, auspiciado por la Red Mundial a Favor de la Libertad de Información, con el criterio de que “el acceso a la información pública es un derecho humano” y que “sin información no es posible tener elementos para controlar a nuestros representantes, participar en los asuntos públicos o reclamar el cumplimiento de las obligaciones que el Estado tiene para garantizar el bienestar de la población”. Y de esa consideración fundamental se deriva el concepto de que “el derecho de acceso a la información sólo puede ser ejercido plenamente si existen leyes que hagan efectiva su puesta en práctica”.

De manera que lo que se necesita no es, por supuesto, cualquier ley sobre la información pública, sino una que garantice efectivamente el acceso a ella. Ciertamente, así como la ley puede garantizar el acceso a la información también lo puede impedir o restringir. Y es esto último es, precisamente, lo que están haciendo los diputados al prohibir, por ejemplo, el acceso a las declaraciones de bienes de los funcionarios estatales que es indispensable para prevenir y/o denunciar el enriquecimiento ilícito y otras formas de corrupción gubernamental. Es más, según una de las enmiendas propuestas se pretenderá mediante la Ley de Acceso a la Información Pública regular —o sea limitar— el ejercicio de la libertad de prensa.

De manera que los periodistas independientes y los ciudadanos y las organizaciones cívicas democráticas que han luchado insistentemente en los últimos años por una Ley de Acceso a la Información Pública, ahora tendrán que luchar contra ella, pues tal como la están aprobando podría ser más bien un instrumento legal para impedir el libre acceso a la información y de represión contra la libertad de expresión e información. Así andamos en Nicaragua.