El secretismo sobre las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos se fortalecerá con una moción consensuada que declarará esos datos como “privados”, en la Ley de Acceso a la Información Pública.
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, el diputado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), José Pallais, defendió la iniciativa.
Pallais argumentó que la privacidad de las declaraciones de probidad obedece a asuntos de seguridad para los funcionarios públicos.
“La totalidad de los miembros de la Comisión de Justicia estimaron que este tipo de información debe considerarse como privada, porque refleja únicamente la situación económica del funcionario y no aporta más elementos de interés público, y más bien el conocimiento público de este tipo de información puede alentar a la intervención del crimen organizado, propiciar la industria del secuestro, que tiene un gran desarrollo en Centroamérica”, dijo Pallais.
La Ley de Acceso a la Información Pública no tiene fecha de discusión.
MOCIONES SON UN CANDADO
Representantes de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro criticaron las mociones, al calificarlas como una limitante y un candado al derecho de los ciudadanos a la información pública.
Pero el secretario ejecutivo de la bancada sandinista, José Figueroa, también se pronunció a favor del principio de privacidad sobre las declaraciones de probidad, a menos que el funcionario decida hacer pública esa información.
“Nosotros (FSLN) respaldamos lo que está en la Ley de Probidad, que establece que todo funcionario está en la obligación de presentar su declaración al entrar a un cargo y al salir de él y hacerla pública si tiene deseos”, señaló Figueroa.
OTROS ASUNTOS DE SEGURIDAD
En tanto, Pallais agregó que mantener como información “reservada” los proyectos de sentencia también se debe a temas de seguridad.
“Con relación a los proyectos de sentencia, eso es un principio en todas las legislaciones y está fundado en que si las partes conocieran los proyectos existiría una presión contra las autoridades y jueces para cambiarlos o fallarlos en un sentido o en otro, y propiciaría lo que en el nuevo Código Penal se constituye como tráfico de influencias”, mantuvo Pallais.
“O sea que alertaría a una de las partes en qué sentido viene la decisión y promovería toda una cantidad de movimientos, de halagos o de ofrecimientos para incidir en el cambio de la resolución”, añadió Pallais.
El diputado agregó que mantienen la iniciativa de incluir en el Código Penal un capítulo para castigar con cárcel a los funcionarios que no brinden información pública.
Hoy y mañana hay sesiones en el parlamento, pero la Ley de Acceso a la Información Pública no es prioridad.
EJÉRCITO Y LA POLICÍA
Por otro lado, Pallais comentó que propondrá que no toda la información que dominan el Ejército de Nicaragua y la Policía se considerará “confidencial”.
“Lo que sí considero que la comisión debe prestar atención es a lo relacionado con la materia de seguridad o defensa. Considero que sí se podría y se debería precisar un poco más cuáles son los tipos de información que tienen que reservarse, que no se puede hablar en forma general, porque definitivamente podría dar lugar a interpretaciones en algo tan delicado como la información reservada”, manifestó.
