Aprobación del Alba garantiza cero control a millones de dólares
La adhesión de Nicaragua a la Alternativa Bolivariana para las Américas (Alba), aprobada ayer por el parlamento, permitirá que millones de dólares que entrarán al país por los acuerdos de cooperación con Venezuela, no tengan ningún control, denunció la diputada del Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), Mónica Baltodano.
Baltodano votó en contra de los acuerdos, por considerar que promoverán la corrupción. Asimismo, señaló que sólo la operación petrolera dejará disponibles cada año 83.5 millones de dólares y añadió que de acuerdo a lo explicado por las autoridades, ninguna instancia nicaragüense podrá fiscalizar el uso de los millonarios recursos.
Los diputados nicaragüenses ratificaron ayer el ingreso de Nicaragua al Alba e inmediatamente aprobaron una serie de convenios con Venezuela, que incluyen los campos energético, agrícola, salud y petrolero.
En el caso del acuerdo de cooperación energética Petrocaribe, quedó establecido que Venezuela suministrará un promedio diario a Nicaragua de diez mil barriles de petróleo o productos derivados. El sesenta por ciento de la factura se pagará en noventa días y el restante cuarenta por ciento será cancelado en 23 años, con dos años de gracia y un interés del uno por ciento anual.
NADIE VA A CONTROLAR NADA
“A nuestra Comisión (Especial) llegaron los ministros y nos dijeron de manera categórica que todos estos fondos no van a ser controlados ni canalizados a través del Estado, sino que se van a canalizar a través de empresas privadas. Fueron sumamente categóricos los ministros, incluso yo les pregunté personalmente y nos lo reafirmaron”, alertó Baltodano.
El Alba es la antítesis del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) que promueve Estados Unidos.
La adhesión de Nicaragua al Alba se aprobó con el voto de los 38 diputados de la gobernante bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quienes contaron con el respaldo del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y en parte de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y hasta del Movimiento Renovador Sandinistas (MRS), aunque muchos diputados de estas tres bancadas expresaron sus reservas por los intereses políticos que persiguen el presidente Hugo Chávez y su homólogo Daniel Ortega.
“Eso significa que los cuantiosos fondos (que generará la operación petrolera) van a escapar del control de cualquier institución encargada, como la Contraloría General de la República, el Ministerio de Hacienda; van a escapar del control de este parlamento y por ende de la ciudadanía”, añadió Baltodano.
Además de la adhesión al Alba y del acuerdo de cooperación energética Petrocaribe, los diputados ratificaron un Convenio Marco entre Nicaragua y Venezuela, otro de cooperación técnica en los campos de salud y medicina, una carta de intención (para explorar la factibilidad de instalar dos fábricas de transformación de aluminio), otro acuerdo agrícola y uno más de cooperación energética (para desarrollar la producción nacional de petróleo, gas y energía).
¿CUÁNTO DINERO GENERARÁN LOS ACUERDOS?
El presidente de la Comisión Especial que estudió los acuerdos firmados por el Gobierno, el sandinista José Figueroa, defendió los tratados ratificados en el parlamento, aunque no precisó cuánto dinero fluirá con la implementación de los acuerdos.
“No te puedo decir cuánto van a costar las dos plantas de procesamiento de aluminio que se van a instalar en Nicaragua y que se aprobó hoy, ¿cuánto cuestan esas fábricas? Eso lo van a decir los estudios de factibilidad, ¿cuánto cuestan diez mil barriles diarios de petróleo? Los adversarios de la cooperación bilateral hablan de cien millones de dólares que sería la cooperación bilateral anual en abastecimiento de petróleo, ¿cuánto cuesta la instalación de 120 megas en plantas energéticas de las cuales ya están instaladas sesenta? El detalle exacto no lo podría precisar”, dijo Figueroa.
Tanto en la adhesión al Alba como en el Acuerdo Marco con Venezuela, los diputados incluyeron un párrafo en el que se dice que si esos tratados o los que se deriven de ellos provocan deuda externa a Nicaragua, deben ser ratificados en la Asamblea Nacional.
“Todos los convenios o acuerdos que se deriven o desarrollen del Convenio Marco, deberán ser sometidos para su aprobación o rechazo por la Asamblea Nacional, conforme a lo dispuesto en los artículos 138, inciso 12, de la Constitución de la República, y en la Ley 477, Ley General de Deuda Pública, en lo relativo a la constitución de obligaciones crediticias por parte del Estado de Nicaragua”, dice el artículo agregado.
BANDES ENTRA EN ESCENA
El diputado y presidente de la ALN, Eduardo Montealegre, sostuvo que debido a ese artículo decidieron respaldar los acuerdos de cooperación.
Los diputados, principalmente los sandinistas, aseguraron que por ser acuerdos de cooperación, ninguno de esos tratados genera deuda al país.
Montealegre explicó que el acuerdo energético Petrocaribe plantea que del cien por ciento de la factura petrolera de Nicaragua con Venezuela, un sesenta por ciento se pagará en efectivo en un plazo de 90 días y la deuda del cuarenta por ciento supuestamente será asumida por Bandes (Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela), que ofrecerá crédito a los pequeños y medianos productores.
“Lo que entendemos nosotros es que se compra el petróleo, se paga a Venezuela y Venezuela se lo deja al Bandes y por lo tanto no hay ingresos ni hay gastos. Es una compra al contado y el crédito es el Bandes el que recibe la plata del pago de petróleo y el Bandes hace préstamos”, dijo Montealegre.
¿Y SI QUIEBRAN?
No obstante, la diputada Baltodano señaló que en Nicaragua y en otros países no es extraño ver que las empresas terminan en bancarrota y es el Estado el que asume la deuda generada.
“No tenemos duda alguna de que la privatización de dichos recursos sólo va a alimentar en los dirigentes nicaragüenses lo mismo que ha ocurrido en otras partes: corrupción y mal uso de los recursos de la cooperación. El uso privado y discrecional de estos cuantiosos recursos en la mano de los dirigentes nicaragüenses será fomento de la corrupción y del uso clientelar de los mismos”, aseguró Baltodano.
“Es importante alertar que aunque la deuda se dice que va a ser privada, podría ocurrir como ya ocurrió en Nicaragua, que nosotros terminemos pagando esa deuda. Ya ocurrió eso con las quiebras fraudulentas de los bancos, que el Estado termina asumiendo los resultados de gestiones desastrosas de los privados”, añadió Baltodano.
Los acuerdos entrarán en vigencia al ser publicados en La Gaceta.
