La Policía Nacional confirmó ayer que Maritza Mayorga, esposa del jefe de Tránsito Nacional, comisionado mayor Ramón Avellán, es propietaria de una concesión en una cooperativa de microbuses de Carazo, lo que, según las normas de ética policial, riñe con el cargo que desempeña el jefe policial.
El Subdirector de la Policía, comisionado general Horacio Rocha, sostuvo que el jefe de Tránsito decidió seguir al frente de esa dirección policial por lo que accedió a solicitarle a su esposa que renunciara a la concesión.
“Allí había conflictos de intereses, él (Avellán) decidió continuar al frente de tránsito y eso es lo que hizo; habló con su esposa y ella va a renunciar a esa concesión”, sostuvo Rocha.
Esto es una de las irregularidades en el sistema de transporte interurbano de Carazo, según señalan los usuarios.
Con anterioridad, el jefe de Relaciones Públicas de la Policía, comisionado mayor Alonso Sevilla, señaló que, aunque desconocía que la esposa del comisionado mayor Ramón Avellán era dueña de una concesión de buses, el reglamento de ética policial lo impedía.
“Si así fuera, el reglamento de ética de la Policía prohíbe que un jefe tenga un cargo que entre en conflicto de intereses con negocios personales o de su núcleo familiar”, señaló.
Por otro lado, la página web de LA PRENSA recibió ayer decenas de comentarios de lectores que han vivido en carne propia los abusos que cometen los conductores de las cooperativas de Carazo.
Uno de los lectores que viaja a diario en la ruta Jinotepe-La Concha-Managua señaló que en el trecho entre San Marcos y el km 10 y medio los buseros suben tanta gente que viaja colgada de la puerta.
“He visto a mujeres guindadas de la puerta, exponiendo su vida. ¿Y la Policía?, brilla por su ausencia”, señaló el lector.
Otro lector llamó a las autoridades del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) y a la Policía de Tránsito a que metan en cintura a estas cooperativas.
Otro lector dijo que una de las anomalías es que los microbuses que supuestamente prestan un servicio expreso se han convertido en ruteros, compitiendo con las otras unidades por los pasajeros de la carretera.
Pero además de estas anomalías, los usuarios señalan que muchos de los abusos ocurren porque algunas cooperativas están en manos de ex militares, quienes reciben un trato preferencial de parte de la Policía.
Por lo menos tres cooperativas de Carazo están en manos de ex militares en ese departamento, según los mismos empresarios.
ALCALDÍA DESCONOCE
Abraham Narváez, director de Transporte en la Alcaldía jinotepina, sostuvo que oficialmente se desconocen nombres de ex militares, como dueños de unidades, pero citó a las cooperativas Granma, (Granma-Managua), Cooperativa de Transporte de San Marcos (Cootrasam) y Etesa, (esta última tiene taxis intermunicipales entre Diriamba y Jinotepe), como colectivos ligados a ex militares.
Narváez confirmó que cuando la comuna realiza algún plan de regulación del sector, los mismos dueños de transporte señalan que las cooperativas mencionadas están en manos de ex militares.
“Usted sabe que ahora está de moda la palabra testaferro y puede ser que salgan como dueños otros nombres”, refirió el funcionario tras explicar que es del conocimiento de muchas autoridades que ex policías y ex militares del extinto Ministerio del Interior son dueños de unidades.
Señaló que el problema radica en que el MTI no ejerce su función. “Nos hemos sentido solos porque el MTI no aplica la Ley de Transporte y nosotros como Alcaldía no podemos hacer nada”, señaló.
Narváez se refirió al desorden que causan estas unidades y las anomalías que cometen a diario como accidentes, infracciones, cobros ilegales y otros, que no son castigados ni controlados.
Ayer las cooperativas Cootraus y Cootrisur emitieron un comunicado, amenazando con no llegar a la terminal Santiago, (única parada autorizada en Jinotepe). Los agremiados de ambas cooperativas argumentan que están en la quiebra a causa de la competencia desleal de la Granma.
Armando Ruiz, presidente de Cootraus y Alfredo Bermúdez, representante de Cootrisur, dieron aviso a los usuarios que a partir de mañana sus unidades estarán aparcadas en cualquier punto de la ciudad.
Esto en vista que la cooperativa Granma nunca acató la orden de usar la única terminal. “Son los únicos que recogen pasajeros donde les da la gana, amparados en sus nexos con la Policía”, señalaron los quejosos.
Una de las anomalías señaladas es que los conductores de la Granma, que en su mayoría son jóvenes, cometen infracciones y al día siguiente andan trabajando como si nada, según Ruiz y Bermúdez.
LA PRENSA no logró una entrevista con el jefe de la Policía de Carazo, comisionado Javier Carrillo, para consultar al respecto, pues se encontraba en una reunión con los altos mandos de la zona.
En una investigación realizada por LA PRENSA con personas ligadas al transporte, éstas mencionan a altos funcionarios del MTI, en Managua, como dueños de unidades del mismo corredor.
También se les señala de autorizar muchas unidades sin los trámites legales.
“A Cootrasam se le autorizaron 12 unidades, pero andan circulando 30”, señalaron.
Estas unidades, según la fuente, fueron autorizadas por Yamil Quant, ex funcionario del MTI.
Lo mismo sucedió con la empresa Sapasmapa, que trabaja en el corredor Jinotepe, La Concepción, Managua. “Éstas fueron aprobadas por el mismo funcionario”, afirmó la fuente.
