Los encargados de la comunica-

ción en las instituciones del Estado nicaragüense han sido claros: “Tenemos órdenes de no informar”. Luego, como para mostrar que cumplen una función, le piden al periodista que les envíe un email con las preguntas que ellos pasarán al ministro o al funcionario correspondiente, a ver si éste decide algún día responder.

Nada, no responden, porque la orden viene de más arriba: Silencio. Parece que Daniel Ortega nos está imponiendo el gobierno del nunca sabrán. No sólo en temas delicados para él, como sus compromisos políticos con el gobernante venezolano Hugo Chávez o con Irán, sino en asuntos simples pero importantes para la población, como saber quiénes son los últimos migrantes detenidos en Estados Unidos o deportados de esa nación.

Este es un tema cotidiano en los medios de comunicación centroamericanos y hasta diciembre pasado era fácil obtener esa información en la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua. Los periodistas llamábamos al vocero u otro funcionario y nos la daba y explicaba; y si ninguno de estos estaba en su oficina, podíamos acudir a la página web de la institución y hallábamos las estadísticas.

De enero en adelante, con el régimen sandinista esa información se volvió un misterio. Los funcionarios tienen prohibido hablar y la directora de Migración ignora las solicitudes de entrevistas. Llamé a una funcionaria consular en Estados Unidos, de donde sale la información cada día hacia las oficinas gubernamentales en Managua, y repitió lo mismo: “Ya no podemos informar”.

Busqué en la web de Migración y las estadísticas de deportados terminan en el año 2005. Tienen un año de desfase, dando la impresión de que nada ocurrió durante el 2006, porque en enero del 2007 los nuevos funcionarios debieron actualizar los registros de todo el año anterior, que la administración pasada dejó hasta noviembre y no lo hicieron.

¿A quién le hace daño Ortega al cerrar las puertas para ocultar la información que buscan los periodistas? Sin duda que a los ciudadanos. En el caso que cité, vale agregar que al menos un millón de personas en Nicaragua tienen familiares en Estados Unidos y les interesaría saber si alguno de sus parientes, o vecino, está detenido por indocumentado y cuándo podría ser deportado.

Son datos que los cónsules manejan, porque son los primeros en ser llamados por las autoridades estadounidenses para dar apoyo a los inmigrantes de su país. Sin embargo, esa ya no es información de interés público, como antes. Ahora es secreto de Estado.

Otros temas, como la Seguridad Social y los planes para la economía, también son de interés de los ciudadanos, pero la falta de información gubernamental ha sido sustituida por rumores y temores que afectan a la misma economía.

Por eso, ciudadanos y analistas han optado por buscar en el exterior las señales de lo que podría hacer Ortega en el país; y cada día vuelven a ver hacia Venezuela para intuir, de lo que dice y hace el presidente Hugo Chávez, el futuro que se cierne sobre Nicaragua.

Es una razón para que los nicaragüenses vayamos a tientas, calculando cada paso para no dar uno en falso, arriesgando el menor dinero posible.