Ana radica en Chinandega. Una conocida le presentó a unos amigos que tenían “buenos contactos” en El Salvador, quienes le ofrecieron trabajar de mesera en un restaurante ganando el equivalente de 200 dólares mensuales.
Para Ana la propuesta representaba la oportunidad de dejar la situación de pobreza y violencia intrafamiliar que vivía en su hogar.
Recuerda que desde que la dejaron en el supuesto restaurante le retuvieron su cédula de identidad y demás documentos.
“El lugar tenía muros altos y varios cuidadores, también tenía un rótulo grande, luminoso con letras rojas”, describe Ana, tras señalar que el mismo día que llegó al sitio la obligaron a trabajar sexualmente.
“Fue horrible, yo puse resistencia pero el hombre me agarró a la fuerza”. Para aminorar el dolor Ana se drogaba con estupefacientes que le daban en el lugar. Al final, tuvo que resignarse y hacer lo que le obligaban, era un asunto de sobrevivencia. Estuvo en cautiverio casi un año hasta que uno de los guardas se compadeció de ella y la dejó saltar el muro para que pudiera escapar.
Ana fue víctima de trata de personas, según información en poder de la oficina que impulsa la campaña Llama y Vive, a través de la cual se promueve el uso de la línea de asistencia telefónica 133 del Ministerio de la Familia para la prevención y denuncia de estos casos.
Esta campaña está siendo impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Fundación Ricky Martin con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Ana tuvo más suerte que la menor identificada con las iniciales J.M.J.S., a quien su madre busca desde el 2004 sin saber si está viva o muerta. La niña desapareció cuando sus familiares la vieron por última vez en Paso Caballos, adonde llegó con sus padrinos y una amiguita.
MADRE ESTÁ AFECTADA
Hace un año, María Inés Silva Velásquez, madre de la menor hasta ahora desaparecida, recorrió varios países de Centroamérica en busca de su hija que ahora debe tener 14 años y cuya historia conmovió a los ciudadanos de los países que visitó.
“No hay rastro de ella”, sostuvo Gretel López, directora de la Asociación Casa Alianza, quien recordó que han mantenido coordinaciones con organizaciones y autoridades de otros países, como El Salvador, “pero no hay indicios de nada”.
La falta de información sobre el paradero de su hija, ha afectado a Silva Velásquez quien según López ha sido atendida por un psicólogo, “porque ya estaba entrando en un estado de depresión bastante fuerte y de desesperación, lógicamente porque no hay rastro de su hija”.
Para la funcionaria de Casa Alianza “este es un caso único”, del cual ese organismo aún está atento. López aconsejó que en estos casos los familiares deben guardar “mucho silencio”, mientras las instituciones y organismos investigan el paradero de la víctima, pues hablar antes de rescatarlas “pone en peligro la vida de las niñas”.
Manifestó que hay casos de menores que han sido llevadas por tratantes a países como Guatemala, en los que sus familiares son conocedores y además que se trata de una situación de riesgo, sin embargo, las dejan ir “por la necesidad económica que tienen, y cuando las niñas están mandando dinero, no dicen nada”.
López afirmó que muchas veces los padres denuncian esos casos hasta que las menores dejan de mandar dinero.
CÓMO IDEnTIFICAR A LOS TRATANTES
En el cuadernillo Aprendiendo a Prevenir la Trata de Personas explica que los tratantes pueden ser personas conocidas o desconocidas, vivir en tu barrio ser amigos y hasta familiares que se acercan a sus víctimas de forma amable para ofrecerles regalos, dinero, viajes o mejores oportunidades de vida que se obtendrán de forma fácil.
Generalmente estas personas buscan niñas, niños, adolescentes y mujeres jóvenes.
Los tratantes de personas también buscan a las víctimas a través de anuncios en los periódicos ofreciendo trabajos que requieren poca profesionalización, con remuneraciones altas con relación a la media del mercado laboral, generalmente estos trabajos son fuera del país.
Los tratantes de personas forman parte de una red delictiva que se encarga también de falsificar los documentos de identidad de las víctimas, en caso de que no tenga papeles, para poder sacarlas del país. El tratante mantiene a la víctima en permanente vigilancia, lo que limita su posibilidad de escapatoria.
Según el Código Penal de Nicaragua la trata de personas es un delito. El artículo 203 dice textualmente: “Comete delito de trata de personas el que reclute o enganche a personas valiéndose de amenazas, ofrecimientos, engaños o cualquier otra maquinación semejante para ejercer la prostitución, dentro o fuera de la República o introduzca al país personas que la ejerzan”.
La campaña nacional, coordinada por Xóchitl Gutiérrez, pretende proporcionar elementos a la población que permitan identificar el fenómeno de la trata de personas, las situaciones de peligro, quiénes son los tratantes de personas, cómo operan, quiénes son las principales víctimas.
Según la coordinadora de la campaña, el año pasado el departamento de Delitos Especiales de la Policía Nacional de Nicaragua atendió 21 casos de víctimas de trata con fines de explotación sexual, de éstos un 61 por ciento se encuentran en edades de 13 a 17 años, y un 38 por ciento son personas mayores de 18 años.
Se registra un solo caso de un adolescente de sexo masculino y uno de una mujer adulta de origen suramericano.
