“Nicaragua no tendrá nunca más problemas de combustible”. Esta frase, parte del repertorio pomposo del caudillo venezolano Hugo Chávez, dicha el 11 de enero pasado, mientras a su lado el presidente Daniel Ortega estampaba en un documento la adhesión de Nicaragua a la Alternativa Bolivariana de las Américas (Alba), se convirtió en la primera señal de cambios en las reglas del juego en el pequeño mercado de los hidrocarburos del país.
Junto a las llegadas irregulares del suministro petrolero venezolano, varias transformaciones están siendo ideadas por los funcionarios gubernamentales involucrados en el manejo de este; y la de mayor relevancia es la recuperación del Estado del control total de las operaciones de la Empresa Estatal Nicaragüense del Petróleo (Petronic).
El Alcalde de Managua, Dionisio Marenco, es el líder de una tendencia a lo interno del Gobierno que presiona para que el presidente Ortega se decida a girar las instrucciones necesarias a la Procuraduría General de la República (PGR) y que esta inicie el proceso legal que desembocaría en la recuperación total de la empresa Petronic.
A DESEMPOLVAR RESOLUCIÓN DE CGR
La principal herramienta de presión con la que cuenta el Estado para lograr ese fin es la resolución de la Contraloría General de la República, emitida el 29 de junio de 1999, en la que se declara la nulidad del contrato maestro de operación de comercialización suscrito entre Petronic y la empresa de origen suizo, Glencore.
Marenco confirmó a LA PRENSA que él ha propuesto que el Estado recupere el control de Petronic y asegura que los representantes del Gobierno en la Junta Directiva de la empresa apoyan su propuesta.
“Es mi propuesta, sí. La mayoría de la Directiva de Petronic y gente del Gobierno vinculada a este sector están de acuerdo con que hay que anular ese contrato”, sentenció Marenco cuando lo abordamos sobre el tema.
La firma del Alba y los restantes acuerdos de cooperación realizados con Chávez se han traducido, en lo referente al suministro de hidrocarburos, en el embarque hasta la fecha de 90,600 barriles de combustibles: 80,600 de diesel y 10 mil de gasolina.
Todo este suministro petrolero está cubierto por los términos de concesionalidad acordados entre Chávez y Ortega en el Palacio de Miraflores, Venezuela, en abril del 2006, cuando se finiquitó la creación de la empresa Alba Petróleos de Nicaragua (Albanic), una sociedad mixta entre la Asociación de Municipios de Nicaragua (Amunic) y Petrocaribe, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Las facilidades otorgadas por Venezuela son el pago del 60 por ciento del valor de mercado de este petróleo, en un período de hasta tres meses, mientras que el restante 40 por ciento podrá cancelarse en 25 años, con una tasa de interés del uno por ciento anual, con dos años de gracia.
ALBANIC RELEGADA
Ahora, con el sandinismo en el poder, Albanic prácticamente ha sido relegada a un segundo plano y los intereses del Gobierno apuntan hacia Petronic, con toda su infraestructura de almacenamiento y su red de distribución, la de mayor cobertura en el país.
“Descubrimos ese dictamen de la Contraloría que dice que el contrato no es válido. Entonces yo le pedí a la Directiva de Petronic que nos pusiéramos a estudiar eso. Si seguíamos o no seguíamos, porque yo no quisiera estar en una empresa con un cuestionamiento de esa naturaleza, pero todavía no hemos tenido una segunda reunión sobre eso. Cuando nos reunamos sobre eso, yo les aviso”, agregó Marenco.
ORTEGA DECIDIRÁ
El Procurador General de la República, Hernán Estrada, confirmó que están revisando toda la documentación relacionada con el proceso que desembocó en el arrendamiento de Petronic, pero fue enfático al aclarar que la última palabra sobre cualquier movida en ese sentido la tendrá el presidente Daniel Ortega.
Estrada, pese a que no precisó cuáles serían los pasos que daría la PGR para suspender el arrendamiento a Glencore, el cual está contratado hasta el 2009, fue bastante claro al advertir que este proceso priorizará lo que denominó “intereses de la nación”, por encima del interés privado.
“El Estado tiene todas las opciones. Lo que te puedo asegurar es que el Estado y el presidente (Daniel) Ortega, así como la Procuraduría (General) tienen como primera opción la defensa del ciudadano. No es la primera opción el interés de un empresario privado y sus operaciones. Más aún cuando tenés de por medio la búsqueda de una solución a la crisis energética y el manejo de toda la ayuda generosa del pueblo venezolano”, declaró Estrada a LA PRENSA.
EL ARRIENDO AL ESTADO
Glencore opera en nuestro país por medio de su filial, Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), que maneja el arrendamiento de la infraestructura de almacenamiento y distribución de Petronic, que sólo en Corinto tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 60 mil barriles de combustible, sin tomar en cuenta su red de gasolineras.
Información suministrada por la pasada administración de Petronic reveló que el Estado gana cada año dos millones de dólares por el arriendo de los activos de la compañía, los que se dividen en 700 mil dólares por el pago del arriendo de los bienes de la empresa y el resto corresponde a la ganancia de un centavo de dólar (unos 18 centavos de córdoba) por la venta de cada galón de combustible.
El pasado 1 de febrero, Francisco López, actual presidente ejecutivo de Petronic, dijo a LA PRENSA que la primera decisión formal tomada por el Gobierno era que no se le renovaría el arrendamiento a Glencore, aunque esta lo solicitase, cuando expire el contrato en el 2009. López no atendió nuestras solicitudes de entrevista para indagar sobre las intenciones del Gobierno de anular el arrendamiento antes de su vencimiento.
GLENCORE BUSCA CONTENTAR AL GOBIERNO
Las autoridades de la DNP, aunque aseguran oficialmente desconocer sobre cualquier intención que se esté fraguando en el Gobierno para anular el arrendamiento, buscan la forma de convencerlo de que no es necesario llegar a este extremo para poder manejar fluidamente el suministro petrolero venezolano y obtener los réditos políticos que busca Ortega.
Debido a que el Gobierno necesitaba de una alternativa rápida para el almacenamiento y distribución del combustible venezolano, llegó a un acuerdo con la DNP, cuyo mecanismo se empezó a aplicar a partir del último envío chavista.
“El contrato establece que almacenamos el producto que viene de Venezuela y que es propiedad de Petronic estatal. Se descarga en los tanques que estamos arrendando en estos momentos. Es un servicio que le estamos dando a Petronic estatal y por el cual le estamos cobrando al Estado, pero el monto es confidencial”, reveló José García Casas, director ejecutivo de la DNP.
El acuerdo también establece que la DNP compre a precios de mercado y sin ser cubiertos por la concesionalidad de los acuerdos con Venezuela el combustible para abastecer sus propias operaciones comerciales, el cual es pagado 30 días después de llegado el embarque.
Otro viraje de la parte de la DNP, en busca de mantener buenas relaciones con el Gobierno, es el incremento del pago de lo que se denomina como royalty, un porcentaje que se cobra sobre los volúmenes de ventas de la empresa.
El acuerdo, logrado con la administración anterior de Petronic, duplicó el pago del royalty de medio centavo dólar por cada galón de combustible vendido —que era lo que había acordado el antiguo presidente de Petronic, Byron Jerez, durante la administración de Arnoldo Alemán— a un centavo dólar. García Casas no quiso precisar en cuánto incrementó esto las ganancias del Estado por el arriendo.
¿ESTADO SIN CAPACIDAD?
García Casas se muestra tranquilo ante las tendencias de anular la concesión que existen en las altas esferas del Gobierno, y su principal argumento descansa en las bases de una premisa simple: El Estado no tiene la capacidad técnica y administrativa para asumir las operaciones de Petronic.
“El nuevo gobierno no tiene a la gente necesaria para administrar este tipo de negocios y es más fácil que se apoye en nosotros que hemos manejado el negocio por siete años de forma rentable y eficiente. Si ellos se dedican a la compra y nosotros a la distribución, podemos hacer un gran complemento”, apunta.
El empresario insiste en que el arrendamiento de las operaciones de Petronic es favorable para el país, al punto que el año pasado supuestamente el Estado ganó más que los propios accionistas privados, aunque se negó a dar cifras aduciendo confidencialidad de los contratos.
SOLICITARÁN RENOVACIÓN
Esto, sin embargo, pareciera que no incomoda para nada a Glencore, tomando en cuenta que pretenden solicitar una renovación del arrendamiento en el 2009, pese a que el Gobierno ya habría expresado su intención de no renovar este acuerdo.
“En principio sí, estaríamos pensando en una renovación del arriendo. El contrato nos da esa potestad e incluso establece que si nosotros lo solicitamos, el Estado automáticamente nos tiene que conceder la renovación”, aseguró el empresario.
Consultado sobre esta supuesta potestad que señala García Casas, el alcalde Marenco insistió en que estas cláusulas pueden ser nulas, tomando en cuenta la decisión de la CGR.
“Yo no creo eso de que el arrendamiento se tenga que dar automáticamente, porque acordate que según la Contraloría el contrato está bien viciado, vicios de nulidad quiere decir que hay que anularlo”, insistió firmemente el alcalde.
De todas formas, pese a las presiones del funcionario comunal y los argumentos establecidos en la decisión del CGR, nada será firme con Petronic hasta que el mismo presidente Ortega tome una decisión, la cual seguramente se verá apurada cuando urja más el suministro venezolano y esto sucederá a medida que la crisis energética se agrave con el avance del verano, o si los precios de los combustibles se ven atrapados nuevamente en una desenfrenada espiral alcista, como la ocurrida el año pasado.
