En la edición de LA PRENSA del jueves de la semana pasada (22 de marzo 2007) se publicó la información de que el diputado nicaragüense (por el Partido Liberal Constitucionalista, PLC) al Parlamento Centroamericano, don Fabio Gadea Mantilla, donó el valor de la libre introducción de un vehículo automotor, a la que tiene “derecho” en su calidad de parlamentario, al Hogar Zacarías Guerra, “donde decenas de niños (alrededor de 150) en condición de pobreza reciben educación, alimentación, salud, vestuario y evangelización”.

Es justo y necesario destacar ese gesto humanitario del diputado Gadea Mantilla, quien también impulsa en Radio Corporación una vigorosa campaña de moralización de la función pública, la cual ha caído en los últimos tiempos y sobre todo a raíz del pacto de Arnoldo Alemán con Daniel Ortega, al peor nivel de ignominia de toda la historia nacional.

Ciertamente, de la misma manera que los medios de comunicación independientes en general, y el Diario LA PRENSA en particular, denuncian implacablemente a los funcionarios públicos —diputados incluidos— corruptos e ineficientes , también deben reconocer el mérito de quienes ejercen sus funciones gubernamentales y estatales con honestidad y responsabilidad, que se preocupan de verdad por resolver o aliviar los problemas de la comunidad.

Es cierto que todo funcionario público, por ese solo hecho tiene la obligación moral y legal de ser honesto, de administrar honradamente el dinero y los bienes del Estado que están bajo su responsabilidad, de informar a los ciudadanos sobre sus actos oficiales, de trabajar con transparencia y someterse al control institucional y al escrutinio social de los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. Así lo manda de manera expresa el Artículo 131 de la Constitución Política de la República, en el que se dice que: “La función pública se debe ejercer a favor de los intereses del pueblo”; y, “los funcionarios y empleados públicos son personalmente responsables por la violación de la Constitución, por falta de probidad administrativa o por cualquier otro delito o falta cometida en el desempeño de sus funciones”.

Pero una cosa es la teoría constitucional y legal y otra muy diferente es la realidad del funcionamiento cotidiano del Gobierno y el Estado. En el ambiente de corrupción institucionalizada que prevalece en el país y en la maquinaria gubernamental y estatal, la actuación de un funcionario público ajustada al mandato constitucional, es una excepción, un hecho luminoso que vale la pena realzar a fin de que le sirva de ejemplo y aliciente a otros funcionarios para actuar de la manera correcta que es debida.

Sin duda que hay muchas personas en el Gobierno y el Estado que tienen vocación de servicio público, que no están en la función y el empleo estatal sólo para medrar y lucrarse de manera personal. Sin embargo, lo que se conoce, lo que llama la atención, lo que se comenta es la corrupción, el abuso de poder, la ineficiencia y la irresponsabilidad. Y es injusto generalizar y no reconocer que muchos funcionarios y empleados públicos son honestos y capaces, que tienen excelente formación académica, que trabajan con eficiencia, que sirven amablemente al público y practican una conducta ética admirable, la cual merece ser reconocida por los medios de comunicación y elogiada por la sociedad.

Recientemente, una asociación sindical de jueces amenazó a LA PRENSA con acusarla en los tribunales de justicia —es decir, ante ellos mismos—, porque publicó la denuncia de un alto oficial de la Policía que pidió no ser identificado, sobre la corrupción en el Poder Judicial. Pero en vez de amenazar con reprimir a LA PRENSA, lo que deberían hacer los jueces es denunciar ellos mismos a sus colegas que desprestigian la institución judicial con su mal comportamiento. Y además, demostrar con datos inequívocos quienes son los jueces probos y ejemplares en el desempeño de su función judicial.

En este sentido podría ser muy útil que organizaciones de la sociedad civil cuya función es monitorear el ejercicio gubernamental y estatal, establecieran un sistema de premios a la excelencia en el servicio público. Esto se hace en otros países y es realmente un buen aliciente para el mejor desempeño personal de los funcionarios y empleados del Estado.