SAN JOSE. - La creciente criminalidad que afecta a Costa Rica podría salirse de control por lo que urge elaborar un plan para modernizar las leyes y contener la violencia, advirtieron las máximas autoridades del Gobierno y de la Corte Suprema de Justicia.

"Tenemos que hacer algo de emergencia, alguna reforma legal con criterios de jueces y de nuestros ministros. No podemos seguir con esta escalada de violencia porque todos sentimos temor de que esta ola de violencia se nos salga de las manos", afirmó el presidente Oscar Arias.

El pasado miércoles, una banda de delincuentes asaltó la casa del ex candidato presidencial Ricardo Toledo, del opositor Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) y dio muerte a la trabajadora nica del servicio doméstico, Ligia Hernández y a un vecino que intentó dar la voz de alarma a las autoridades.

Un día después fue asesinado un empresario cuando salía de retirar el equivalente de unos 3,000 dólares de una agencia bancaria, y el viernes fue muerto a tiros un joven de 22 años a quien los delincuentes pretendían robarle sus zapatos tenis.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, admitió que la legislación penal costarricense está desactualizada y que otorga excesivas garantías en favor de los delincuentes, pero que desprotege los derechos de las víctimas.

"Los jueces tenemos límites, estamos obligados a atenernos a las leyes que existen, pero la estructura legal actual responde a una realidad social distinta" que ya no es la de Costa Rica, afirmó el magistrado.

El fiscal general, Francisco Dal'Anese, coincidió en que es necesaria una reforma al Código Procesal Penal y recordó que el Congreso tiene congelado un proyecto con ese propósito desde hace varios años.

Además, aseguró que son necesarios más policías preventivos y de investigación para frenar la ola de delincuencia, de los contrario "el país se nos irá de las manos", expresó.

FALTA SEVERIDAD

Dal'Anese aseguró que el asalto a la casa de Toledo tuvo más repercusión en la prensa por tratarse de un político notorio, pero que no se trata de una situación aislada.

"Casos similares a éstos ocurren casi todos los días; la verdad es que estos delitos, con formas de extrema violencia se vienen incrementando desde hace varios años", advirtió.

En medio de la agitación que estos hechos de violencia provocan en el país, las autoridades tienden a responsabilizarse unas a otras de la falta de severidad con que se reprime el delito.

Los jerarcas de las policías administrativa y judicial se quejan de que los jueces abusan de su discrecionalidad para conceder libertades condicionales a personas con amplios expedientes delictivos, que han sido sorprendidos "in fraganti".

Los jueces aseguran que con frecuencia los partes judiciales son mal elaborados y no tienen más remedio que dejar a los sospechosos en libertad, pues la ley no les autoriza a hacer lo contrario.

Diversos sondeos de opinión reflejan que el sentimiento de inseguridad ha crecido fuertemente en Costa Rica, al punto de constituirse en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, no obstante que este país no se encuentra en los que exhiben los mayores índices de criminalidad en Centroamérica.