El diputado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Freddy Tórrez Montes, sostuvo ayer que incorporar el término “poder del pueblo” en la Constitución de Nicaragua, como solicitó el presidente Daniel Ortega, sería un retroceso a la década de los ochenta del siglo pasado, incluyendo el totalitarismo y la autocracia que predominaron en esa época.
Ortega solicitó a los diputados el pasado jueves que en unas reformas que se negociarán, quede plasmado en la Constitución de la República que Nicaragua es un país con “democracia directa” o con “poder del pueblo”.
Tórrez criticó la intención de Ortega
“Yo no sé qué clase de poder popular quiere implementar ahora Daniel Ortega, pero el que tenía en la década de los ochenta, que él llamaba poder popular, dejó como resultado cincuenta mil muertos, doce mil millones de dólares de deuda externa, polarización de la sociedad, sacrificio innecesario de la juventud, atraso de cuarenta años para el país”, dijo Tórrez Montes.
Se espera que a más tardar en diciembre de este año y en enero del 2008, los diputados aprueben en primera y segunda legislatura las nuevas enmiendas a la Constitución.
“Poder popular es igual a totalitarismo, igual a autocracia, ya fracasó en la década de los ochenta, no es posible, ni tendrá los votos en la Asamblea Nacional para reformas de esa naturaleza”, añadió el legislador.
Yo no sé del hilo...
Por su parte el presidente del parlamento, el sandinista René Núñez Téllez, aseguró que desconoce el interés del presidente Ortega.
“Hay que preguntarle a él (Ortega), yo no estoy enterado (...) en su momento todo se va a saber, por el momento no le puedo dar explicación de eso”, indicó Núñez Téllez.
Riesgo de autoritarismo
El analista político Carlos Tünnermann y el jurista Alejandro Serrano Caldera advirtieron ayer que los Consejos del Poder Ciudadano y el concepto de democracia directa podrían ser disfrazados y utilizados por el presidente Daniel Ortega como una tendencia de carácter autoritario.
Tanto Tünnermann como Serrano Caldera expresaron que ya existe un marco legal que le permite a la ciudadanía conformar consejos de forma ordenada, por medio de la Ley de Participación Ciudadana.
Tünnermann dijo que las declaraciones de Ortega de imponer los Consejos del Poder Ciudadano “denotan una tendencia autoritaria, ya que varias de las decisiones tomadas (por Ortega) violentan la Constitución y las leyes, lo que revela una tendencia autoritaria”, afirmó Tünnermann.
Serrano Caldera manifestó que los Consejos creados por Ortega están limitados por medio de la Ley 290, y tienen un carácter de intercomunicación, coordinación y de consulta en las instancias gubernamentales.
