La decisión de culpabilidad y sentencia a un año de cárcel, con libertad condicional, para María Magdalena Sandoval García puede ser tipificada de una actitud de “linchamiento judicial” a una persona que desde su vocación y formación procura el bienestar de los enfermos.
Existen aspectos científicamente demostrados, tanto en Nicaragua como en el resto del mundo (países pobres y ricos) de que el riesgo de sufrir una caída en un ambiente hospitalario es inherente a la condición de ingresar en calidad de paciente a un hospital. Este riesgo aumenta en adultos mayores de 60 años, con la probabilidad de que las lesiones sean graves y que puedan derivar en muerte de los pacientes.
Un estudio de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington, en el Hospital Barnes-Jewish de la ciudad de San Luis (Estados Unidos), reportó un total de 1,235 caídas de pacientes en un período poco mayor de un año. ¿Hubo 1,235 “linchamientos judiciales” por esas caídas? No, no los hubo porque en tales situaciones la responsabilidad es institucional y no individual. De tal manera, lo que está sucediéndole a María Magdalena es producto de la irresponsabilidad de la institución (Minsa) quien debe garantizar un programa de prevención de caídas a pacientes hospitalizados, que incluye la organización laboral necesaria (recursos humanos suficientes) para evitar que estos accidentes sucedan. En tal situación el enjuiciado debe ser la institución —en este caso el Ministerio de Salud de Nicaragua— como sucede a nivel mundial cuando se entabla algún proceso judicial por la caída de un paciente en un hospital.
Pobre María Magdalena, sólo está siendo una víctima más de la evasión del Ministerio de Salud en asumir la responsabilidad de garantizar condiciones laborales adecuadas, que redundan finalmente en el bienestar de los pacientes. María Magdalena fue abandonada por las autoridades correspondientes en esta oscura situación que ahora deriva —un año después— en su “culpabilidad y sentencia”. Pero eso no significa que no haya nada que hacer, todo lo contrario, se deben elevar todas las expresiones de protesta necesarias, tanto de trabajadores de la Salud organizados como de manera individual para exigir que el Ministerio de Salud asuma la responsabilidad institucional que debió de enfrentar desde un principio.
Se ha dejado entrever en los medios noticiosos que existe tráfico de influencia en este caso, lo cual aparentemente determinó la nefasta decisión en contra de María Magdalena. Desafortunadamente parece que esa no es la excepción en el sistema judicial nicaragüense. Los familiares de la señora Rosa Galeano han argumentado que desean sentar un precedente, en todo caso el precedente debió de ser sentado en contra del responsable: la institución (Minsa), y no en contra de quien por su historial de labores sólo ha pretendido auxiliar a los pacientes en su proceso de enfermedad.
La familia de la señora Galeano debería de evitar que se continúe promoviendo tal “linchamiento judicial”, lo cual sin duda fomentaría el desarrollo y la paz espiritual.
