Algunos diputados finqueros y grupos económicos mantienen una suerte de alianza para evitar que en el parlamento se apruebe la Ley General de Aguas, que tiene cuatro años en la tubería legislativa, denunciaron ayer los legisladores Carlos García, Mónica Baltodano y José Figueroa.

De acuerdo a las fuentes, algunos consorcios económicos en conjunto con ciertos diputados boicotean la discusión de la Ley General de Aguas para no pagar por el aprovechamiento de ese recurso.

“No hemos llegado a un consenso porque hay intereses de empresarios y de algunos diputados que tienen intereses económicos y son grandes productores que utilizan sistemas de riego y que no quieren pagar ningún canon por el uso y aprovechamiento del agua”, dijo el presidente de la Comisión del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Carlos García, de la Alianza Liberal Nicaragüense (ANL).

Les “chima” el zapato

“Ni en la misma bancada a la que yo pertenezco hay consenso. Porque en las distintas bancadas hay empresarios, habemos profesionales, hay abogados, y les está chimando el zapato a algunos miembros de mi bancada”, añadió García.

Baltodano, del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), también expresó que algunos de sus colegas están más interesados en preservar su situación económica y no los recursos naturales.

“Hay varios diputados que están más bien representando sus intereses como finqueros y entonces tienen reservas en varios artículos, uno de ellos es el del canon, porque algunos de ellos piensan que porque el río pasa por sus fincas, les pertenece y esta ley es bien clara y la Constitución es clara: las aguas son nacionales”, sostuvo Baltodano.

Empresas no pagan

Mientras, García criticó que empresas embotelladoras de agua potable “no pagan cinco centavos por el aprovechamiento del agua” y que también la comercializan en el exterior.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la bancada sandinista, José Figueroa, dijo que este país posee enormes recursos naturales, como el Lago de Nicaragua, que es del tamaño de El Salvador. No obstante, manifestó que impera la injusticia en el uso de esas riquezas.

En Juigalpa, explicó Figueroa, muchos pobladores caminan varios kilómetros en busca de un barril con agua, cuyo valor es de 28 córdobas (1.5 dólares).

“Aquí quienes se están resistiendo son gente que ha ocupado el agua muchas veces no racionalmente, para fines comerciales. Muchas veces son empresas transnacionales, muchas veces son nacionales, muchas veces son productores, que nunca han pagado un peso al Estado y el Estado necesita que se establezca un canon para hacer inversiones y asegurar abastecimiento de agua potable a la población”, indicó Figueroa.