En relación a los actuales acontecimientos, surge la pregunta de si existe o no un Estado de Derecho en Nicaragua. El doctor Alejandro Serrano Caldera define al Estado de Derecho como “la subordinación del poder a la ley, la institución como la causa y cauce del poder y el derecho como sistema de límites al poder”. Para que exista un verdadero Estado de Derecho, todo acto estatal debe ajustarse a la ley. Es en la ley donde nace el poder y donde éste encuentra sus límites.

Sin embargo, en Nicaragua la ley suele ser manipulada para ajustarse a los intereses y ambiciones de los partidos políticos. Si bien la ley debe ser la expresión de la voluntad general, ésta más bien se subordina a los intereses propios de los partidos de turno. Con la creación de los consejos del Ejecutivo y la posición de la esposa del presidente Ortega en uno de estos consejos, podemos ver que éste no se siente limitado por la ley. Si su agenda política no concuerda con la ley, él encuentra la manera de derrumbar la barrera legal para lograr su propósito.

Esos actos demuestran una voluntad manifiestamente autoritaria de violar la Constitución y las leyes. El presidente Ortega quiere hacer y deshacer a su gusto, como si fuera la voluntad suprema del país, como si el cargo de la Presidencia trajera consigo la omnipotencia y la concentración absoluta del poder político.

La institucionalidad tiene como fin asegurar el correcto funcionamiento de los distintos poderes e instituciones estatales, conferir transparencia a los actos gubernamentales y evitar abusos y actos de corrupción. Por lo tanto, su fin último es proteger los derechos de los ciudadanos, servir al pueblo nicaragüense y conducirlo hacia un proyecto nación. Cumplir con este concepto es obligación ineludible del Presidente de la República, quien por ser el primer ciudadano de la nación debe respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes. Si el primer ciudadano desacata la Constitución, que es la ley suprema, ¿qué ejemplo nos da al resto de los ciudadanos?

Las violaciones a la Constitución y a la ley dejan en completo desamparo a los ciudadanos y permiten con facilidad el irrespeto de los derechos humanos y de las garantías fundamentales que la Constitución Política consagra para todos los nicaragüenses. No debemos permitir que nuestras autoridades violenten nuestros derechos y por el contrario debemos exigirles que legislen y actúen en pos del bien común.

¡A la tarea nicaragüenses! La sociedad civil debe organizarse para hacer valer y respetar nuestros derechos y nuestros principios cívicos y morales.