Recientemente se aprobó en la Asamblea Nacional el Presupuesto General de la República del año 2007 y la mayoría de los maestros están haciendo paros de actividades porque consideran que el presupuesto aprobado no cumple con los compromisos asumidos, ni con las promesas hechas por el Gobierno con relación al incremento salarial.
Las cifras disponibles, ya que sólo disponemos de la información dispersa que nos proporcionan los medios de comunicación, nos indican que la distribución del presupuesto ha cambiado poco con relación a los años anteriores y que, sobre todo, en el área de educación la situación presupuestaria parece estar en un callejón sin salida.
El presupuesto de gastos de Nicaragua se distribuye en cinco rubros principales: servicios sociales (incluye principalmente salud y educación), administración gubernamental, defensa y seguridad, servicios económicos y deuda pública. La mayor parte del gasto se dedica a servicios sociales. Este rubro pasó del 37 por ciento del gasto total en el año 2001 al 49 por ciento en el 2004. De acuerdo con los datos disponibles, este año el porcentaje no aumentó significativamente.
El gasto en educación no ha sufrido cambios sustanciales. En el 2001 significó el 18 por ciento del gasto total y pasó en el año 2005 hasta el 21 por ciento, porcentaje que se mantiene hasta la fecha. En el año 2002, el promedio del gasto en educación de los países de la OECD fue de cerca de 13 por ciento. En Latinoamérica, la mayoría de los países invierte entre un 9 y un 15 por ciento de su presupuesto en educación. Costa Rica, que invierte un poco más del 30 por ciento, es una excepción. Nicaragua se encuentra entre los países que invierten por arriba del promedio de la región con relación al gasto total. La situación es similar al comparar el gasto en educación con relación al PIB.
Estos datos indican que Nicaragua se encuentra entre los países que dedican uno de los porcentajes más altos del gasto a educación. Sin embargo, si se ven los montos reales del presupuesto vemos más claramente la verdadera dimensión del problema del financiamiento de la educación en nuestro país. En el año 2003 Costa Rica y Panamá tuvieron un presupuesto para educación de cerca de 800 millones de dólares, mientras el presupuesto para educación de Nicaragua fue de cerca de 150 millones de dólares, es decir, menos de la quinta parte. Muy probablemente la proporción no ha variado sustancialmente en el actual ejercicio presupuestario.
Como indica el caso de Costa Rica, es posible dedicar más del 30 por ciento del gasto a educación. Con la distribución actual del presupuesto si el gasto en educación se elevara al 30 por ciento del gasto total, el rubro de servicios sociales alcanzaría cerca del 60 por ciento del total. Este aumento sólo puede darse afectando los otros rubros. Las preguntas obligadas son obviamente: ¿Hay voluntad política para hacer esto? ¿Qué rubros se afectarían para hacer posible este incremento?
El pago de la deuda y la disminución del gasto en la burocracia estatal son los candidatos obvios. La disminución de salarios en el Poder Ejecutivo es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente. Si queremos ser consecuentes, no debería haber un solo rubro que no pueda ser afectado en aras de mejorar la educación. Aún sabiendo que la seguridad es una preocupación general, debería ser más lógico invertir más en educación que en defensa y seguridad. El financiamiento de la educación superior también debería ser objeto de discusión.
Sin embargo, aún asumiendo que existe la voluntad política para hacer cambios drásticos en el presupuesto, estas reducciones tienen límites objetivos y no resolverán las graves carencias del sistema educativo.
La verdadera solución pasa por incrementar sustancialmente el monto total del presupuesto, lo que no se logrará ni con limosnas, ni discursos grandilocuentes, sino con más y mejor inversión productiva. El Gobierno debe crear las condiciones para atraer y conservar la inversión. De igual manera, no se puede seguir posponiendo una reforma fiscal que dé lugar a un sistema impositivo más progresivo y justo que el actual.
Sin estos cambios profundos el presupuesto de educación seguirá en un callejón sin salida y las promesas de equiparar los salarios de los maestros a los de los países vecinos, el aumento sostenible de la cobertura y los planes de mejorar la calidad de la educación no serán más que pura demagogia y manipulación.
