El presidente ejecutivo del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Bayardo Izabá, denunció ayer que en Nueva Guinea existen escuadrones de la muerte y responsabilizó a la Policía, por haber tolerado las bandas armadas que, aseguró, en dos años han asesinado a más de 60 personas.

Izabá reaccionó de esta manera, al crimen perpetrado el martes pasado en una comunidad de Nueva Guinea, en contra de Diya Delgadillo Villanueva, madre de dos presos torturados, tras haber sido detenidos por el delito de abigeato en esa zona del país, cuyo caso fue denunciado en febrero.

La víctima era la madre de Felipe Antonio y Martín Artola Delgadillo, dos de los detenidos acusados por el delito de abigeato.

“En Nueva Guinea existen escuadrones de la muerte, señores de la Policía, y ustedes tienen que ponerle fin a esa situación de inmediato”, denunció Izabá.

La Policía reaccionó a los señalamientos del Cenidh, al afirmar que fuerzas de esa institución ejecutan planes en la zona, para desarticular la banda armada de los llamados “Justicieros”, y prueba de ello es la captura de dos de los presuntos cabecillas del grupo.

El jefe de Relaciones Públicas de la Policía, comisionado mayor Alonso Sevilla, rehusó confirmar o no la existencia de escuadrones de la muerte, pero manifestó que “en la zona existe una banda de delincuentes comunes que ha andado operando y que ha estado siendo perseguida y combatida por la Policía Nacional, con fuerzas de inteligencia policial del nivel central y con la participación de las policías de Bluefields, El Rama, Juigalpa y Río San Juan”. Sevilla identificó a los detenidos como Álvaro Fonseca, alias “El Valiente”, capturado herido, junto a Santos Isabel Luna, alias “El Humilde”, tras una incursión efectuada por este grupo.

En un vídeo del Cenidh aparece Delgadillo cuando denunció el caso de torturas sufridas por sus hijos, en esa ocasión dijo que conocían del pago de 50 mil córdobas para que éstos fueran asesinados.

Uno de los detenidos, además de ser golpeado, fue colgado de los testículos en una sesión de tortura en la que participaron varios policías. La Policía suspendió a los efectivos acusados.