La escogencia en la Asamblea Nacional de cuatro magistrados para la Corte Suprema de Justicia, que se anunció para la próxima semana, deja en evidencia que el estado de cosas en Nicaragua no ha cambiado ni cambiará a corto plazo. Aunque la lista de candidatos postulados incluye a ilustres abogados que desempeñarían muy bien las magistraturas, lo cierto es que el FSLN y el PLC ya eligieron.
Una de las vacantes es la que dejó el señor Rogers Camilo Argüello quien se vio involucrado en el escandaloso robo de 609 mil dólares en poder de la Corte Suprema, en el año 2005. Hasta la fecha, la naturaleza de su participación en dicho escándalo no quedó totalmente clara. Su “renuncia” a la magistratura algunos la interpretan como un castigo del sandinismo y otros como una medida de “inteligencia” y premio, ya que se le saca del escenario nicaragüense para enviarlo supuestamente a Brasil, como Embajador de Nicaragua.
En todo caso, alrededor de esto sólo es posible especular debido a la manera misteriosa con que se manejan los asuntos del Estado, desde el 10 de enero de este año, cuando Ortega comenzó su nuevomperíodo presidencial. El hecho es que ser magistrado en Nicaragua es como un premio político por buena conducta partidaria y obsecuencia con el caudillo. De allí que el sustituto de Argüello será —prácticamente ya es un hecho— una funcionaria judicial sandinista que se hizo célebre por su sentencia condenatoria en el año 2003 contra el ex presidente ahora convertido en reo, Arnoldo Alemán, cuyo recurso de apelación sigue sin ser resuelto por el correspondiente Tribunal de Apelaciones dominado por jueces danielistas. .
En la medida que el danielismo hace cambios estratégicos en los Poderes del Estado, anuncia medidas anticorrupción y de transparencia como parte de la política del nuevo Gobierno sandinista llamado de Unidad y Reconciliación Nacional. Pero si Ortega quisiera realmente combatir la corrupción habría instruido a sus diputados en la Asamblea Nacional que requirieran al ex magistrado Rogers Camilo Argüello para que su participación en el robo de los 609 mil dólares quedara absolutamente esclarecida y el estigma sobre toda la Corte Suprema de Justicia fuese removido. Si el presidente Ortega estuviera sinceramente interesado en la transparencia y la honesta administración del Estado, haría que sus jueces partidarios se pronunciaran de una buena vez sobre el recurso de apelación interpuesto por la defensa del ex presidente Arnoldo Alemán hace más de tres años, y dejaría de utilizarlo como hasta ahora, para fortalecer su poder personal. Todo el país sabe que fue así que Ortega llegó a controlar los poderes del Estado y a ganar la Presidencia de la República.
Pero la corrupción y falta de transparencia es para Ortega algo secundario; lo que le interesa es sacar dividendos y para lograrlo va a seguir utilizando el Poder Judicial como pistola en las sienes de sus enemigos políticos, así como lo ha hecho con el doctor Alemán. El danielismo se alimenta de corrupción, subsiste gracias a ella, ha llegado a ser un negocio extraordinario, una mina de oro.
Por otro lado, las palabras “transparencia” y “anticorrupción” no tienen sentido en la boca de alguien con los antecedentes de Daniel Ortega, quien la vez anterior que gobernó el país organizó la gran piñata con los bienes del Estado y generó una deuda interna que el día de hoy, 16 años después, siguen pagando los contribuyentes nicaragüenses. Luego, durante todo el tiempo que fue líder de la oposición izquierdista, el danielismo siguió beneficiándose económicamente desde los puestos que ocuparon sus miembros en los poderes del Estado y otras instancias.
Ahora, otra vez al frente del Gobierno Ortega hace más de lo mismo. Hay dinero que quedó fuera del Presupuesto General de la República y que no estará sujeto a los debidos controles sino a “la buena fe” de quienes lo manejen; el presidente del Banco Central se subió el salario de ocho mil a doce mil dólares mensuales. ¿Lucha anticorrupción? ¿Transparencia? Ninguna retórica podrá sacar al país de la pobreza y del subdesarrollo. Sólo una sociedad civil más beligerante, más participativa, más consciente de sus derechos, mejor organizada y más visible podrá producir el cambio necesario y deseado.
