Relativamente poco interés ha generado en Nicaragua la preocupante situación política que vive la hermana república del Ecuador. Sin embargo, el Ecuador se ha convertido en las últimas semanas en la trinchera más importante en la lucha continental entre la democracia y el autoritarismo. Y dependiendo del desenlace del enfrentamiento que se está librando en esa nación —tradicionalmente una de las más convulsas del continente— o se consolida la democracia latinoamericana o cobran nuevo ímpetu las fuerzas que militan por la imposición de regímenes dizques democráticos, pero que de hecho son dictaduras.

En el Ecuador todo comenzó con la elección de Rafael Correa a la Presidencia hace un par de meses. No es ningún secreto que Correa gozó del respaldo del presidente Hugo Chávez durante su campaña, y que se identifica con el carismático líder venezolano y con su visión de una democracia “directa”, políticas económicas socialistas y el antinorteamericanismo como el eje de su política exterior. Correa fue cauteloso en su campaña y se proyectó como un moderado. Pero una vez en el Palacio Presidencial ha ido sacando las garras utilizando como derrotero el mismo guión que siguió Chávez en Venezuela: acaparar todo el poder en sus manos a través de una constituyente.

57 diputados del Parlamento ecuatoriano desafiaron a Correa y votaron en contra de la constituyente. Sin embargo, Correa contraatacó a través del Poder Electoral del Ecuador que, en un insólito abuso de la Constitución y sin asidero jurídico alguno, ¡destituyó a los 57! Simultáneamente, los simpatizantes de Correa se tomaron las calles frente al Parlamento y el dictador infieri ecuatoriano también anunció el cierre de una base norteamericana en el puerto de Manta que sirve de plataforma en la lucha continental contra el narcotráfico.

Los diputados destituidos han recurrido de amparo contra su destitución, el Congreso no ha sesionado por falta de quórum, el alcalde de Guayaquil —la ciudad más grande de esa nación andina— se ha solidarizado con los diputados, los principales medios se han alineado contra Correa y los depósitos en los bancos ecuatorianos han caído bruscamente. El país, en otras palabras, se encuentra inmerso en una profunda crisis.

Es justamente para resolver situaciones como estas que los cancilleres de los países de América firmaron la Carta Democrática Interamericana en Lima el 11 de septiembre de 2001, el día del ataque a las Torres Gemelas.

Esa carta afirma que los pueblos de América tienen derecho a la democracia representativa y que sus gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. En su artículo 3, la Carta reza que es un elemento esencial de la democracia representativa “la separación e independencia de los poderes públicos”, situación que claramente no prevalece en el Ecuador de hoy. Sin embargo, en la OEA hay —al menos hasta el 16 de marzo de 2007— un silencio ensordecedor en cuanto a la crisis ecuatoriana. El Secretario General, el chileno Insulza, no ha enviado a un representante especial a Quito para buscarle una salida a esta situación ni tampoco se han levantado voces pidiendo que la OEA tome cartas en este asunto.

Algunos piensan que la Carta sólo entra en juego cuando el gobernante de un país lo pide, a como lo hizo don Enrique Bolaños cuando temía que su gobierno estaba siendo derrocado. Pero eso no es así. Según el artículo 20 de la Carta, “en caso de que en un estado miembro de la OEA se produce una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier estado miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente (de la OEA) para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.

Y si la situación perdura a pesar de los buenos oficios de la OEA, y se produce “la ruptura del orden democrático en un estado miembro”, el artículo 21 de la Carta autoriza la suspensión de dicho estado “con el voto afirmativo de los dos tercios de los Estados Miembros”.

En otras palabras la OEA tiene un mandato claro para actuar, la herramienta idónea para hacerlo en la Carta Democrática y una situación en el Ecuador que amerita —no, más bien exige— acción.