Surgió en febrero pasado la idea de que sea el Ministerio de Salud (Minsa) el importador directo de medicamentos provenientes de la India, dizque con el objetivo de llevar mayor bienestar a la población. En políticas públicas hay que tener extrema prudencia al momento de tomar una decisión que si bien puede traer consigo impactos positivos para un sector de la población, también podría llevar implícitos algunos efectos colaterales no deseables para otros sectores. El arte de bien gobernar el país, en este caso radica en consensuar una decisión que impactará a muchas personas, así como tratar de que el costo sea menor que el beneficio alcanzado, es decir que el “trade-off” sea positivo.

Sin duda que son buenas las intenciones de los promotores de la idea arriba mencionada, quienes dicen que gracias a las compras directas del Estado, a través del Minsa, la población tendrá acceso a medicamentos más baratos. Pero de buenas intenciones dicen que está lleno el camino hacia el infierno. En otras palabras, no es suficiente con la buena intención, también hay que saber implementarla.

Llevando al extremo esta “genialidad” de que sea el Estado el que directamente importe medicamentos para bajar su precio de mercado, si esto es bueno para los productos medicinales, ¿por qué no hacer lo mismo con el arroz más barato de Vietnam, con la leche en polvo más barata de Nueva Zelanda, con el pan Bimbo producido en Costa Rica, con la carne de res proveniente de Sudamérica, con la ropa de China continental, con verduras y frutas del resto de Centroamérica y productos subsidiados de EE.UU.? ¿Por qué no? Así los nicaragüenses podrían vestirse, comer y curarse más barato o menos caro.

Pero la pregunta del millón en este caso es: ¿Cuánto tiempo puede aguantar una política de este tipo y qué repercusiones económicas, al final, traerá consigo? Es decir, ¿cómo acabaría esta “buena intención”?

En realidad, el tiempo que podrá aguantar esta política será el mismo que el Gobierno esté en capacidad de financiar estas compras. Esta capacidad estará en dependencia de los ingresos que reciba el Gobierno en concepto de impuestos y otros. Estos impuestos estarán en función de las ventas y ganancias de todas las empresas urbanas pequeñas, medianas y grandes del país y de todos los productores agrícolas. Pero si es el Estado el único importador y distribuidor, ¿qué van a vender las empresas privadas? Y por lo tanto, ¿de dónde podrá obtener el dinero el Gobierno para realizar semejantes transacciones comerciales? La única solución que cabría al final de todo este “culebrón” sería echar nuevamente mano a la maquinita de hacer billetes, lo que traería otra vez a Nicaragua la feroz hiperinflación que pauperiza al pueblo, así como el desempleo total en el sector productivo, desplazado por “papá” gobierno.

Pero aparte del enfoque meramente comercial, hay que hacer también algunas consideraciones éticas. ¿Por qué tiene que ser un único importador el que importe y venda al Estado? ¿De qué privilegios goza, este principito “bien intencionado”? ¿Dónde quedan las licitaciones al Gobierno transparentes y competitivas? ¿Por qué no también el MTI se convierte en su comprador de insumos y manda a la ruina a toda la industria de la construcción? ¿Por qué no el Magfor abastece a la población de todos los productos del campo y se manda a su casa a “descansar” cinco años, a los miles y miles de campesinos de Nicaragua?

Actualmente la industria nacional de medicamentos y los distribuidores de productos extranjeros generan miles de empleos directos y otros miles más de empleos indirectos. Hay que acordarse de que, como dijo un empresario farmacéutico en relación con la idea de que no necesariamente sean profesionales del ramo los que atiendan las farmacias, no se está tratando con caramelos sino con medicamentos que curan a las personas o terminan de matarlas, dependiendo de la certificación de su producción.

Finalmente, ¿quién asegura y garantiza que este “principito” importador traerá productos de buena calidad? Muchas veces lo barato sale caro y con buenas intenciones no vaya a ser y manden al infierno a todos los nicaragüenses y extranjeros que consumen medicinas en el país. El Estado no debe ser empresario sino facilitador de la actividad empresarial.